Las comercializadoras hortofrutícolas de Almería recuperaron ayer paulatinamente su actividad tras varias jornadas a medio gas por la huelga del transporte por carretera. Empresas del sector como CASI, Agrupaadra, Cehorpa, Agroejido, Agrupaejido, La Unión o Agroponiente volvieron ayer a celebrar las subastas de frutas y hortalizas que posteriormente salieron con destino a los mercados europeos a bordo de camiones que no secundan este paro gremial indefinido que comenzó el pasado lunes.
Ayer se vivió una jornada más tranquila en las carreteras y en las zonas de estacionamiento de La Redonda o La Juaida en esta huelga nacional convocada por la Plataforma para el Sector del Transporte de Mercancías que aseguran no depondrá su postura hasta que el Gobierno no se siente a negociar con ellos. Solicitan, sobre todo, medidas que palíen el incremento de los precios de los carburantes que hacen inviable seguir manteniendo la actividad con el camión.
La amplia mayoría de los camioneros en huelga son autónomos o pymes. Otro de los sectores afectado por este paro es el del mineral de yeso que se exporta a través del Puerto de Garrucha, cuya flota lleva también toda la semana sin trabajar.
La Subdelegación del Gobierno en Almería procedió ayer a la incoación de 17 expedientes sancionadores por denuncias formuladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –Policía Nacional y Guardia Civil- a personas que, durante los días 15 y 16 de marzo, han desviado el tráfico de camiones en varias vías de la provincia o han impedido la salida de vehículos pesados hacia sus destinos, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana.
Dichas conductas pueden constituir infracciones graves tipificadas en el artículo 36.6 de la Ley orgánica 4/2015 de 30 de marzo y sancionable con multas desde 601 hasta 30.000 euros. A medida que se vayan formulando nuevas denuncias, se procederá a su análisis y tipificación con arreglo a la normativa vigente.
Asimismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han procedido a la detención e investigación de, al menos, tres personas relacionadas con delitos a la seguridad vial por obstaculizar el tránsito con peligro para personas y bienes.
Por otra parte, y tras diversas reuniones mantenidas con los sectores productivos de la provincia, la Subdelegación del Gobierno ha posibilitado la puesta en común con Policía Nacional y Guardia Civil de las demandas de seguridad solicitadas por parte de las empresas, estableciéndose mecanismos de comunicación que permitan el tráfico ordinario de las mercancías.
Por otra parte, el Congreso de los Diputados ha convalidado esta semana el Real Decreto que incluye acuerdos para el sector del transporte como la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores o la obligatoriedad de actualizar las tarifas del transporte a la variación del precio del combustible.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera reclama al Gobierno que garantice el derecho al trabajo a aquellos conductores que libremente hayan decidido no sumarse al paro del sector.
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