El melillero almeriense está en la picota. Y también el resto de conexiones marítimas desde la dársena almeriense -Nador, Orán y Ghazaouet- con el Norte de Africa. Nunca en la historia de Almería se ha interrumpido este servicios por falta de una naviera que realice el embarque ni es probable que pueda suceder nunca. Pero la calamitosa situación financiera de la compañía operadora, la naviera Armas, con 445 millones de deuda acumulada en bonos, crea incertidumbre y alarma en el ámbito portuario almeriense sobre el futuro de trayectos y frecuencias. Unos fondos de inversión americanos se han erigido como los salvadores de esta situación tomando el mando de la situación a cambio de obtener el control de la compañía, pero los bancos acreedores -Santander, Caixabank y Sabadell- no lo ven claro y amenazan con impugnar la decisión que es previsible que sea ratificada en la Junta de Accionistas del próximo 22 de mayo.
Esta endeble situación en la que se encuentran las conexiones almerienses con puertos de Marruecos y Argelia, puede afectar alas comunicaciones en la próxima Operación Paso del Estrecho en la que se prevén que por el Puerto de Almería transiten más de 500.000 pasajeros. En cualquier caso, Almería cuenta con un segundo operador, Balearia, que hace que una quiebra de la naviera Armas Trasmediterránea, no signifique una interrupción total de los pasajes.
La historia de esta bancarrota de la naviera canaria Armas arrancó cuando en 2017 compró por 260 millones a su histórica competidora Trasmediterránea que tenía los derechos de concesión de las rutas desde Almería y estaba en manos de la constructora Acciona, que arrastraba una deuda de 127 millones.
Ahora son los fondos de inversión capitaneados por JP Morgan y Barings los que pueden hacerse con el 95% del capital de la compañía a cambio de inyectar 80 millones de euros, proponiendo una quita a los bancos que dejaría la deuda en 178 millones, una cifra que las entidades acreedoras han dicho que no aceptan. La familia Armas se quedará en porcentaje minoritario y los bancos pueden perder buena parte de los 64 millones que prestaron a la empresa canaria en 2020 con el aval del ICO para paliar el efecto de la pandemia.
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