Municipios del PSOE votarán no a los estatutos de Galasa e irán a los tribunales

Los ayuntamientos del Almanzora y del Levante gobernados por el Partido Socialista se opondrán al cambio de estatutos de Galasa cuya Asamblea General tiene previsto votar el próximo día 16 de mayo. Así lo han decidido tras una reunión celebrada ayer en Albox “como muestra de solidaridad con su alcaldesa”.

Durante cerca de tres horas, los representantes de “todos” los municipios de las dos comarcas almerienses en las que la empresa pública Galasa ofrece servicios, discutieron sobre la modificación estatutaria  propuesta y cómo actuar ante esta situación que consideran lesiva para los intereses de los ciudadanos.

Los cambios afectan al artículo 6 y en él se recoge que los municipios aceptarían “las tarifas a aplicar por los servicios que la sociedad presta, tal y como sean aprobadas por la Junta General de la Sociedad y el Pleno de la Diputación Provincial de Almería”. De esta manera, los ayuntamientos dejarían de tener ningún control sobre el precio del agua que consumirían sus vecinos.

La secretaria de Política Municipal, Adela Segura, ha asegurado que la postura del PSOE se ha tomado “desde el interés de la defensa de los derechos de los ciudadanos y de la defensa de las competencias de los entes locales”. Y, hablando de los ciudadanos, Segura pone el ejemplo de Lúcar, donde sus vecinos “pasarían de pagar 9,8 euros a 40”.

Hoja de ruta
Desde el PSOE están seguros que la modificación no se ajusta a derecho por varias razones, por lo que en la hoja de ruta fijada en la reunión de ayer aparecen los tribunales como último recurso, en caso de que antes no retiren la propuesta.

La Diputación siempre ha defendido que los cambios en los estatutos persiguen hacer de Galasa una entidad con futuro y que funcione y recuerdan la deuda millonaria que arrastra desde hace años. Según Segura, “nosotros queremos que Galasa funcione, pero no se puede financiar repercutiendo la deuda en las tarifas de los ciudadanos”. Además, desde el PSOE insisten en que “queremos que nos expliquen de dónde sale la deuda”.

En este sentido, Segura se adelanta al discurso habitual del PP al asegurar que “ya no vale que echen la culpa a los 4 años de gobierno socialista. En 2013 nos decían que la deuda era de 20 millones, pero ahora es de 37. ¿Qué han hecho ellos en este tiempo?”.

De todas maneras, Adela Segura recuerda que la ley establece que “las tarifas tienen que recoger solo lo que cuesta el agua, y no se puede repercutir ni deuda ni otro tipo de gastos”.

Cuestión de mayorías y minorías
La responsable de Política Municipal del PSOE sabe que el PP sacará adelante los cambios porque tiene mayoría, pero insiste en la idea de que “las mayorías no pueden obligar a las minorías a cumplir cuestiones que van contra la ley”. Además, el departamento jurídico del Partido Socialista considera que la manera de aprobar en bloque cuestiones fundamentales puede constituir una irregularidad y suponer abuso de derecho.