El control de la urbanización de Cabrera enfrenta a británicos y Ayuntamiento

Vecinos británicos de la urbanización Cortijo Cabrera tienen previsto manifestarse esta tarde ante el Ayuntamiento de Turre como medida de protesta por uno de los puntos que se debatirá en el Pleno municipal relacionado con la situación de la urbanización en la que viven. El equipo de Gobierno lleva para su aprobación la remisión al Consejo Consultivo de Andalucía el convenio que regula el funcionamiento de la citada urbanización por si no fuese ajustado a derecho y procediera a su nulidad.

Se trata de un acuerdo firmado en 1993 por el que se establecía que los vecinos quedaban eximidos del pago de los costes derivados de la urbanización, a cambio de hacerse cargo al cien por cien de los gastos de mantenimiento y conservación. La cuestión es que de esta forma, y dado que la urbanización está paralizada, los promotores pagan prácticamente nada, mientras que son los vecinos los que se hacen cargo del 95% de los 200.000 euros anuales que supone la conservación.

Luz y agua de obra
Así, de alguna forma, la Junta de Compensación se ha convertido en Entidad de Conservación sin terminar de urbanizar la zona, hasta el punto de que aún hay 35 viviendas que continúan con luz y agua de obra porque “Endesa no les puede dar el enganche al faltar las infraestructuras”, asegura Martín Morales, alcalde de Turre. 

Según él, se ha incumplido el proyecto de urbanización, aprobado por compensación, y sólo se ha ejecutado un 39%, según los informes municipales. “Los promotores llevan décadas de retraso en la urbanización y dotación de servicios. Además, no tienen perspectivas de acabar” explica el alcalde tras reunirse con ellos.

Morales lamenta que haya vecinos que se opongan a la nulidad del acuerdo, ya que en caso de que así fuera, “cada uno pagaría en función del suelo del que es propietario, incluidos los promotores”. Precisamente, el alcalde está  convencido de que son estos los que han dado una información tergiversada a los vecinos sobre las consecuencias de que el convenio se declare nulo. “Si se anula, los promotores tendrán que pagar la parte que les corresponde de la conservación, lo que puede suponer más de la mitad de esos 200.000 euros”, señala el alcalde. En su opinión, se da además la ironía de que en la asamblea de la entidad de Conservación, “los vecinos tienen un 25% de los votos, frente al 45% que tienen lo promotores. Sin embargo, a la hora de pagar, los vecinos aportan el 95%”.

El inicio de todo este proceso se debe a un recurso planteado contra el convenio por un grupo de vecinos, también de nacionalidad británica, de la urbanización Cortijo Cabrera. Desde el Ayuntamiento enviaron toda la documentación a la Diputación para que sus servicios jurídicos estudiaran el asunto. “Nosotros no actuamos por que queramos, sino que desde la propia Diputación se nos comunica que el convenio no se ajusta a derecho”. A partir de ahí, el Ayuntamiento debe remitirlo al Consejo Consultivo para que se pronuncia sobre si puede o no declararse nulo.

Mientras, Morales cree que los vecinos de las 200 viviendas de esta urbanización, la mayoría británicos, están divididos. “Hay un grupo de unos 50 que se opone a que el convenio se declare nulo; otros 50 que lo apoyan y unos 100 que no se pronuncian”.