La Plataforma en Defensa del Agua en Almería ‘Acuíferos Vivos’ ha hecho pública la respuesta dada por el Gobierno a una pregunta planteada en el Congreso de los Diputados sobre la situación del acuífero del río Aguas y las posibles medidas que se vayan a adoptar.
Según la Plataforma, la respuesta dice: “Que no existe ninguna coordinación o acuerdo entre la Dirección General del Agua, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Diputación Provincial o la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para adoptar soluciones de urgencia”. En su respuesta, dejan cualquier actuación “para el horizonte 2022-2027”.
Por ello, ‘Acuíferos Vivos’ se ha dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz, Defensor del Pueblo Estatal; Tribunal Internacional para los derechos de la naturaleza COP 23, y Comisión Europea, “para plantearles la situación de indefensión en que nos encontramos ante la falta de actuación de la Administración, tanto autonómica como central para solucionar los graves problemas de sobreexplotación de un 400% que sufre el acuífero Aguas. El más sobreexplotado de toda Andalucía”, explica la Plataforma.
Además, advierten de que “al ritmo de explotación actual, el acuífero para el 2022 estará agotado, todo hace suponer que ya prácticamente lo está, y además la solución prevista: conducción de agua desalada desde la Venta del Pobre al Campo de Tabernas, es de dudosa viabilidad…”.
Pueblos sin agua
Se está quitando el agua de beber a los habitantes en los pueblos de las cuencas de Sorbas y Tabernas y “el agua del manantial se usa para 6 millones de árboles de olivos de cultivo superintensivo que consumen 10 litros diarios de agua”, aseguran.
De hecho, los alcaldes de Tabernas, Sorbas, Alcudia, Uleila, Turrillas y Lucainena llevan meses denunciando la escasez de agua en sus municipios y reclamando la ampliación de la desaladora de Carboneras, cuyas obras estaban previstas hace años.
En la actualidad, más desalentados que nunca, Acuíferos Vivos denuncia que “estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso marcado por la dejación de funciones de ambas administraciones, justificadas por el traslado mutuo de la responsabilidad del problema entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, los dos se traspasan la responsabilidad de solucionar el problema”.
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