“No espero las disculpas de la Junta de Andalucía porque sé que no las van a pedir”, reconocía días atrás a este periódico Inmaculada Rivas, madre del menor que sufrió acoso escolar en el IES Rosa Navarro del municipio de Olula del Río. No le habrán sorprendido, por lo tanto, las declaraciones efectuadas ayer por la delegada provincial de Educación, Francisca Fernández, en las que defendió los protocolos seguidos ante la sentencia, que considera a la Junta de Andalucía responsable civil solidaria de la agresión sufrida por un menor en el centro educativo olulense al considerar el juez que tenía “constancia” previa del “peligro”.
Si bien ha “acatado” la sentencia judicial que obliga a la Junta al pago conjunto de una indemnización de 4.546 euros, la delegada provincial ha asegurado que “cuando se toman decisiones y se valora por parte de todos los profesionales de una comisión de convivencia cuáles son las medidas, se hacen porque se consideran que son las más adecuadas”.
Valoración del centro
La responsable de Educación en la provincia se ha referido en varias ocasiones durante sus declaraciones a quienes trabajan en el centro educativo y a sus valoraciones para explicar la actuación de la Junta. “Si la comisión de convivencia del centro, asesorada por todas los profesionales que participan, consideraba que las medidas habían sido las adecuadas, ellos están ahí, están en el contexto, valoran la situación y evidentemente me tengo que basar en esos informes”, se ha justificado.
En esta misma línea ha manifestado que “si los informes dicen que se han ido siguiendo las pautas, eso se asume”, antes de insistir en que las actuaciones que se llevaron a cabo en base a esos informes “son las que el centro y la comisión de convivencia consideraron que eran pertinentes”, incidiendo en que ni ella misma ni los inspectores ni los jefes de servicio se encontraban en el instituto. Ante la petición de medidas correctoras más duras, Francisca Fernández ha defendido que “el objetivo de la escuela no es el ojo por ojo”.
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