Multas de hasta 96.000€ al dueño del Castillo de San Pedro

La Junta de Andalucía ha anunciado que va a iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la propiedad del Castillo de San Pedro, ubicado en la cala del mismo nombre en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, por no haber realizado las obras de conservación del inmueble, catalogado Bien de Interés Cultural (BIC) y en un estado de deterioro evidente con “riesgo de derrumbe”.

La Delegación de Cultura, Turismo y Deporte dio en enero un ultimátum a los dueños del BIC y les concedió un plazo de cinco meses para ejecutar la actuación de acuerdo a la resolución del 3 de abril de 2014 que fijaba cuáles era las intervenciones prioritarias, “centradas en la adopción de medidas de seguridad y en la consolidación de la estructura de la fortaleza”.

Procedimiento

Fuentes de la administración autonómica han indicado a Europa Press que, ante el “incumplimiento”, se va a iniciar procedimiento administrativo con la imposición de multas coercitivas hasta un montante total de 95.980 euros, lo que equivale “a la valoración económica de las obras de conservación motivo de la orden de ejecución incumplida”. No obstante, antes de la imposición de la primera multa, la Junta va a remitir a los propietarios un requerimiento en el que se les va a notificar la sanción y contra el que pondrán presentar recurso de alzada.

El ultimátum se dio tras el levantamiento de la suspensión cautelar que afectaba a la orden de ejecución dentro del recurso contencioso administrativo interpuesto por uno de los dueños contra las iniciativas de la Junta para hacer cumplir la Ley de Patrimonio de Andalucía respecto a los Bienes de Interés Cultural.

La Ley de Patrimonio de Andalucía establece que son los propietarios de los BIC los responsables de sus conservación. La Junta ha ofrecido a los propietarios del Castillo de San Pedro asesoramiento para resolver cualquier duda sobre la ejecución de estas actuaciones prioritarias.

Otro contencioso

Por otro lado, continúa adelante el procedimiento contencioso-administrativo inpulsado por Amigos del Parque y Amigos de La Alcazaba ante la “inacción” del Ayuntamiento de Níjar con respecto al estado del BIC. En una vista celebrada en febrero de este mismo año, el consistorio argumentó que la competencia sobre la conservación y rehabilitación del castillo corresponde a la Junta y señaló que la actuación municipal que se llevó a cabo en 2016 se limitó al vallado perimetral de forma subsidiaria por “razones de seguridad de las personas” debido "al peligro inminente de derrumbe" que motivo la apertura de un expediente de declaración de ruina en 2013.

También compareció como parte afectada el propietario Daniel Navarro, quien afirmó que le “encantaría arreglar el castillo, por supuesto”, aunque matizó “no es porque yo no quiera, pero se están extralimitando queriendo obligarme a hacer unas obras a las que no estoy obligado”. Daniel Navarró criticó además a la Junta, propietaria del BIC durante un tiempo, asegurando que cuando “lo perdió en los tribunales me lo devolvió hecho una porquería”.

Navarro aseguró que durante el tiempo en que estuvo en manos de la Junta, “ni esta ni el Ayuntamiento se preocuparon del estado”. el principal propietaro ha revordado que en 2006 pidió una licencia de obra menor “porque se había caído la mitad del castillo. La Junta me dijo que hiciera un proyecto de conservación y entonces el Ayuntamiento no me dio la licencia”.

Peligro real

La asociación Amigos del Parque Natural alertó en julio de 2016 de la “posibilidad” de que se produjera un “derrumbe inminente” en el muro de defensa del castillo, lo que, al margen de la pérdida para el patrimonio histórico, suponía “peligro real” para las cientos de personas que en estos meses estivales visitan este conocido arenal del espacio protegido almeriense.