La Junta proyecta reanudar este año la obra de la carretera Vera-Garrucha

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía proyecta reanudar durante este año las obras de la segunda fase del desdoblamiento de la carretera Vera-Garrucha, una vez se hayan resuelto los problemas planteados con una modificación del contrato, según ha informado la Delegación provincial.

La reanudación, y sobre todo la conclusión de esta obra es esperada como agua de mayo en la comarca del Levante almeriense, puesto que se trata de una carretera por la que circulan a diario más de 18.000 vehículos, pues canaliza todo el tráfico de Vera y la Autovía del Mediterráneo hacia la costa, y que es la entrada de Mojácar, Villaricos y el puerto de Garrucha.

Pese a esta importancia, y a que la Junta la ha considerado siempre una obra básica, los trabajos de esta segunda fase, que comenzaron en 2009, fueron paralizados poco después y permanecieron en letargo hasta primeros de 2017, cuando fueron retomados y avanzaron hasta alcanzar aproximadamente un 55% de su ejecución 

Nuevo parón  Sin embargo, en 2018 los trabajos volvieron a pararse debido a las objeciones planteadas por la Junta en la modificación del contrato original. Este contemplaba la construcción de un paso elevado en el enlace de acceso a Puerto Rey y el Gnomo Feliz, pero la empresa adjudicataria, Detea, planteó sustituirlo por una rotonda, una alternativa más barata, algo que no recibió el visto bueno de la Administración. En este trámite, Detea cedió la obra a primeros de 2018 a la UTE formada por Construcciones  Tejera y Facto, que es la que deberá, en teoría, finalizarla.

Fuentes consultadas por este diario explican que el problema es que Detea propuso la rotonda para abaratar costes porque le faltaba dinero para terminarla, un dinero que sería ahora necesario, mediante una modificación, para continuar y terminar la obra por parte de la empresa almeriense, algo que la Junta debería aprobar antes de fin de año. Uno de los problemas que se plantean podría ser, según las mismas fuentes, que esta modificación necesaria podría superar el porcentaje previsto para las obras públicas, por lo que, de no poder solucionarse, se podría plantear la necesidad de presentar un nuevo concurso.

Todos los problemas planteados han llevado a que una obra que empezó en 2009 y debería haber estado terminada en 2011, pues el plazo de ejecución era de 23 meses, sigue hoy, una década después, sin concluir, y lo peor de todo, provocando serios perjuicios a la comarca.

Mucho peor ahora “La verdad es que ahora estamos mucho peor que cuando empezaron los trabajos, por lo que habría sido mejor que en su día no tocaran nada”, dice indignado Jerónimo Parra, presidente del Grupo Parra, miembro de la Comisión Ejecutiva de Asempal, y propuesto  para presidir la Cámara de Comercio.

Él, tanto personal como profesionalmente, ha sufrido la “vergüenza” de lo sucedido con esta obra, que a su juicio no es sino consecuencia de una práctica habitual de las grandes empresas, las “bajas temerarias” a la hora de concurrir e los concursos públicos, y que habría sucedido en este caso. Parra cree que las administraciones deberían tomar medidas urgentemente para evitar que sigan produciéndose hechos semejantes, que llevan, según dice, a que se presenten ofertas hasta por más de un 45% de baja. “Las grandes empresas ganan en todas las obras, pues después el dinero lo sacan de las modificaciones y con las subcontratas, a las que ‘estrujan’ hasta límites intolerables”, manifiesta.