Un caso de violencia machista en Albox podría facilitar la expulsión de okupas

El delito de allanamiento de morada (o ocupación ilegal) puede darse aunque la vivienda no sea la residencia habitual de la víctima, siempre que esté amueblada y esté conectada a los servicios básicos necesarios para hacer vida en ella. Es lo que se extrae de la reciente sentencia en la que el Tribunal Supremo confirmó una condena de 15 años y ocho meses de prisión para un ciudadano británico acusado de intentar matar a su expareja en Albox en marzo de 2017.

El acusado suma más de quince años de cárcel por delitos de homicidio en grado de tentativa, detención ilegal (secuestro de la mujer en la vivienda durante dos horas), atentado a agente de la autoridad y allanamiento de morada. Pese a que en el fallo el TS no habla explícitamente de una ocupación ilegal, sí que justifica la condena del hombre por allanamiento de morada, ampliando así el concepto de morada a una segunda residencia siempre y cuando presente las condiciones antes mencionadas que hacen posible residir en ella.

Pese a que la Fiscalía ya se había pronunciado antes sobre el allanamiento en la casa y la segunda residencia por ser lugares donde el dueño desarrolla su vida privada e intimidad, la sentencia ligada al caos de Albox sienta ahora otro importante precedente muy importante a la hora de abordar las ocupaciones ilegales.

El motivo es que, ante un allanamiento (en este caso en una primera o segunda residencia) se puede proceder al desalojo de forma inmediata, al hablar de usurpación, esta se refiere a inmuebles y viviendas que no constituyen la morada de nadie, por lo que el procedimiento para expulsar a los 'okupas' es diferente.

El letrado almeriense, Alfredo Najas de la Cruz, ha valorado las consecuencias "sustanciales" que puede tener este pronunciamiento judicial en cuanto a la ocupación y el desalojo de viviendas. "La sentencia marca un cambio sustancial respecto a lo que se considera vivienda habitual, ya que no sólo lo va a constituir el domicilio donde se tenga fijada la residencia", subraya. Najas de la Cruz detalla que con esta sentencia "el concepto de morada se amplía, lo que va a propiciar que los delitos de usurpación que se cometían en las segundas residencias puedan considerarse delito de allanamiento de morada; con las precauciones de que todos los casos no son iguales".

A partir de ahora y según el letrado almeriense "habrá que estar atento a la aplicación que hacen los juzgados y tribunales sobre esta novedosa sentencia", aunque entiende que hacer falta ir más allá. "Lo que no resulta lógico es que este tipo de hechos, que se han multiplicado en los últimos meses, y que generan gran inseguridad, no tengan a nivel legislativo una respuesta clara y contundente".

En cuanto al caso de violencia de género ocurrido en 2017, el acusado se coló en la vivienda de la víctima y cogió un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros de hoja. Allí esperó hasta la llegada de la mujer y, al entrar, “con el propósito de amedrentarla y atemorizarla, le puso en reiteradas ocasiones el arma en el cuello y en el pecho”.  “He venido a matarte, eres una puta, vas a morir esta noche”, afirmó el acusado A. W. según consta en los hechos probados de la sentencia.

La víctima fue retenida en el inmueble entre amenazas e insultos. “Para que no pudiese salir de manera voluntaria su domicilio, la retuvo en la vivienda durante más de dos horas, permaneciendo él en la puerta de entrada mientras continuaba esgrimiendo el cuchillo”, señala el tribunal. La mujer consiguió escapar y avisar a una amiga. Una patrulla de la Policía Local se personó en el lugar. A. W. salió corriendo tras ella.

Los agentes efectuaron un disparo disuasorio al aire, pero el acusado persistió. Llegó a herir en la mano a un policía e introdujo medio cuerpo en el coche donde estaba la víctima. Fue  entonces cuando la Policía Local le disparó en cuatro ocasiones para reducirlo.