Acusado de coacciones por dejar a una familia con tres niños pequeños sin casa

Libros de texto y apuntes infantiles entre escombros y barro. La ropa de la familia sepultada por una montaña de cascotes. Juguetes. Un carrito de bebé. Y los restos destrozados de la cocina, los armarios y la habitación. Y alrededor, los plásticos de los invernaderos de la Comarca de Níjar.

La escena corresponde a la expulsión de una familia de una finca agrícola entre los parajes El Rodón y Pueblo Blanco, donde un matrimonio y sus tres hijos de corta edad se han quedado literalmente sin un techo donde cobijarse.

El caso se encuentra judicializado desde la semana pasada en el Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería y en manos de los agentes de la Guardia Civil de Níjar por un presunto delito de coacciones contra el propietario, identificado como M. G. S. de nacionalidad española.

Según las diligencias consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA, “la familia residía habitualmente en el inmueble por el trabajo desarrollado por el denunciante (el padre) en la finca del denunciado”.  “El día 9 de marzo, el denunciante no pudo acceder a su domicilio, ya que había sido ocupado por empleados de una empresa contratada por el denunciado, que le impidieron desde entonces el acceso a la misma”, continúa un auto firmado por el magistrado Manuel José Rey Bellot.

Entre escombros
El propietario, que se acogió a su derecho a no declarar, habría presuntamente contratado los servicios de una empresa de desokupación para expulsar a la familia de los terrenos. Los afectados, sin opciones para recuperar su residencia y sus enseres personales en el interior y sin alternativas habitacionales, presentaron inmediatamente una denuncia.

La Guardia Civil realizó gestiones e identificó a cinco empleados de la empresa de desokupación dentro y a un vigilante de seguridad privada ubicado en el exterior del terreno, como un primer filtro. En ese momento, la vivienda todavía permanecía en pie, aunque su usufructo estaba vetado para los denunciantes por la vía de hechos consumados. No podían entrar.

El padre y sus abogados, Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez, acudieron al juzgado para reclamar medidas cautelares que protegieran los derechos de la familia, más aún ante la presencia de tres niños de corta edad. El Ministerio Fiscal apoyó la solicitud y el juez accedió. Así pues, el magistrado confirmó la existencia de indicios de un presunto delito de coacciones y acordó “la restitución voluntaria” a la familia del uso de la vivienda. El agricultor debía permitirle regresar.

El instructor Manuel José Rey Bellot entendió que existía riesgo de “un daño irreparable” para la familia al dejarla “sin vivienda en la que residir”. Por eso, instó a la Guardia Civil a acompañar a los denunciantes por si el empresario no cedía nuevamente el uso de la propiedad de forma voluntaria.

Y aquí surge el segundo conflicto. Cuando la familia intentó volver a su hogar, se encontró que maquinaria pesaba había destrozado el inmueble y los enseres del matrimonio y sus hijos pequeños estaban tirados sobre el barro o cubiertos por los escombros.

Según obra en las actuaciones, la vivienda era en realidad un pequeño almacén que el propietario cedió a su trabajador, de origen marroquí y con permiso de residencia legal en España. La familia estaba empadrona en el lugar, lo que confirma que era su domicilio habitual.

Consultada por LA VOZ DE ALMERÍA, la Comandancia de la Guardia Civil ha confirmado la apertura de diligencias sobre el asunto y asegura que se ha denunciado también la desaparición de joyas y otros efectos. La familia no pudo dormir en el inmueble porque el inmueble ya no existe. En asunto está ahora en el juzgado a la espera de decisiones.