Los técnicos de Endesa cruzan una calle peatonal a paso ligero detrás de los agentes de la Policía Judicial. El vecindario, con casas bajas a los lados y un bloque más alto detrás, a la izquierda, presenta un aspecto saludable, limpio. Hay flores en algunas ventanas y un cartel que recuerda en la entrada la obligación de usar la mascarilla, como si el lugar fuera frecuentado por muchas visitas. Pero al entrar en el bloque, todo se complica.
El barrio de El Realengo de Cuevas del Almanzora está tomado por la Guardia Civil en la enésima operación contra el tráfico de marihuana. Amanece en el exterior mientras los agentes revientan a golpes el portón del cuadro de contadores, bien pertrechado. Los golpes hacen temblar la puerta del vecino, que asoma la cabeza brevemente entre el polvo. Comienza la búsqueda.
La lucha contra el cultivo de cannabis se ha convertido también en una batalla contra el fraude. No hay operación sin técnicos electricistas ni plantación sin enganche a la red.
Los contadores dan pistas, pero el rastreo no es tan sencillo. En Cuevas del Almanzora, con un bloque parcialmente okupado, los técnicos inspeccionan planta a planta toda la instalación con la esperanza de hallar el punto exacto del enganche. Las mediciones ofrecen la certeza de una acometida ilegal, más aún cuando apenas existen contratos en esa comunidad, pero la conexión irregular está oculta. Siguen las líneas hasta el aparcamiento, inundado de fecales.
Riesgo de incendios
Pero aquí, encuentran el enganche en el exterior, detrás de la caseta de una llave de paso de agua y enterrada en la arena. Un finísimo cable empalmado en uno mucho más grueso, con una habilidad temeraria. “El riesgo de provocar un incendio es enorme, este es uno de los grandes peligros”.
Guardias civiles y técnicos de Endesa hacen su propio informe forense. Número de viviendas, potencia defraudada y posible presencia de plantaciones de marihuana. “No es la primera vez que venimos aquí”. Dentro, los rastros de tiestos y desechos de la marihuana amontonados en estancias comunes confirman la antigua presencia de cultivos.
Los técnicos de Endesa, que llevan cascos y la cara tapada con pasamontañas, como en una operación contra el crimen organizado o el terrorismo, toman precauciones antes de cercenar el cable. Señalizan la zona, apartan a todo el personal ajeno y preparan el equipo para cortar desde la raíz el enganche a la red eléctrica en condiciones de seguridad.
Unos diez metros de línea recorren el exterior y se introducen sospechosamente a través de una puerta lateral del bloque, a través de una vivienda. “Vamos a cortar el enganche y vamos a tratar de ponerlo lo más difícil posible para que no vuelven a hacerlo”.
El robo de fluido eléctrico se ha convertido en un auténtico problema en muchos municipios y barrios de la provincia. Según datos de Endesa, “en 2020 se ha detectado robo de energía en una de cada dos inspecciones en Almería, con un total de 3.047 expediente abiertos en 2020, un 25 por ciento más que el año anterior.
Consumos
Entre el 1 de enero y el 15 de marzo, los ingenieros de Endesa realizaron 884 cortes de suministro por enganches ilegales en 17 intervenciones en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, la mitad de ellas en la barriada capitalina de El Puche.
La auténtica dimensión del problema puede observarse de una manera más clara con una comparación de consumos. Una plantación de marihuana sencilla requiere la electricidad de unas 35 viviendas.
En los casos más extremos, un bloque de edificios dedicado al cultivo clandestino puede llegar a consumir la misma electricidad que un polígono industrial. Los ventiladores, los focos y los extractores a pleno rendimiento sobrecargan la red y suponen un alto peligro de incendio.
“Se pone en grave riesgo a sí mismo, a sus vecinos y a su entorno físico por electrocución, deflagración o incendio”, advierten desde Endesa. “Además, daña las instalaciones eléctricas, que al tener que ofrecer más potencia de la prevista en los contratos de los clientes se sobrecalientan, produciendo cortes de suministro y teniendo que ser constantemente renovadas”.
La compañía ha invertido en el último año más de 300.000 euros en actuaciones para cuadriplicar la potencia instalada en zonas de Almería como El Quemadero, El Puche o Pescadería “donde de media el 60 por ciento de la energía la consumen suministros sin contratos en vigor”.
Aunque el problema trasciende de la capital y se extiende en otros puntos de la provincia, como huella indeleble de la marihuana sobre las comunidades de vecinos. Enganches a la red eléctrica como los de Cuevas del Almanzora.
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