¿Traiciones en Albox?: el alcalde acusa a la ex secretaria y a su ex número 2

La grave infección por coronavirus que durante casi nueve meses mantuvo apartado de la alcaldía de Albox a Francisco Torrecillas (del partido independiente UCIN) ha marcado un punto y aparte en la vida municipal albojense. Y no por el grave riesgo que corrió la vida del regidor, finalmente recuperado tras 60 días ingresado en la UCI de Torrecárdenas, sino  por lo que, presuntamente, se pudo cocer a sus espaldas durante su ausencia forzada. Un "algo" con tintes de intrigas y traiciones, que implica a la ex secretaria del Ayuntamiento y antes mano derecha de Torrecillas, la funcionaria Eva Cano, y al alcalde accidental y antes también hombre de su confianza, José Campoy.

El asunto ha llegado hasta la Fiscalía de Huércal Overa en forma de denuncia presentada por el propio Ayuntamiento, ahora de nuevo bajo el control de Torrecillas, exponiendo una serie de indicios que apuntarían a maniobras de Cano y Campoy para perjudicar al propio alcalde y al interventor municipal. El nudo de toda esta trama estaría en un acta de Junta de Gobierno Local, en concreto de la celebrada el 10 de junio pasado, presuntamente falsificada por la ex secretaria, según argumenta la denuncia recibida en Fiscalía. 

Los hechos
La secuencia de hechos para entender esta intrincada historia sería como sigue. En esa junta de gobierno de junio se trató sobre un informe del interventor municipal, Javier Saura, relativo al pago de unas facturas a un bufete de abogados por servicios de asesoramiento y representación legal. Al parecer, hubo algún debate en torno a la pertinencia de esos pagos, sin que se adoptara ningún acuerdo concreto al respecto. Posteriormente, el 24 de agosto, el interventor emitió otro informe aclarando la corrección del trámite de pago. Sin embargo, y aquí se situaría según la denuncia la presunta maniobra de la ex secretaria y del ex alcalde accidental, el 5 de agosto el Ayuntamiento, todavía con Campoy al frente y Cano como secretaria accidental, envió a la Fiscalía un escrito para que investigara esos pagos y a quienes los habían autorizado, sustentándolo en un acuerdo unánime de la Junta de Gobierno Local para poner el tema en conocimiento de la Justicia, y adjuntando como prueba el acta de la sesión de 10 de junio. Una decisión así ponía bajo sospecha al alcalde Torrecillas y al propio interventor, al ser pagos de periodos anteriores.

La cuestión es que el acta aportada a la denuncia no estaba todavía aprobada por los concejales que asistieron a la junta. No lo estuvo, de hecho, hasta el 15 de septiembre, más de un mes después de que se presentara el referido escrito en Fiscalía y cuando ya se sabía que Torrecillas se incorporaría de nuevo a sus funciones. Fue en otra Junta de Gobierno Local presidida por José Campoy. Ahí se llevó el acta de 10 de junio y se aprobó por unanimidad, incluyendo el punto sobre llevar a Fiscalía los pagos. Problema: que los concejales asistentes confesaron después que la habían aprobado sin leerla primero, tal cual acostumbraban, por confianza hacia la fedataria pública. Así consta en la denuncia contra Eva Cano presentada ahora en octubre y después de que los concejales del Gobierno local negaran en otra junta, y reflejaran en el acta presentada como prueba, que nunca habían aprobado tal cosa.

Pero es que, además, en el documento presuntamente falsificado que se aprobó el 15 de septiembre se hablaba del informe del interventor de 24 de junio, un informe que se había emitido días después de la junta de 10 de junio que teóricamente certificaba ese acta. De acuerdo con el escrito de denuncia contra Cano, una prueba más que evidente de manipulación del documento. Como también se relata que no consta documentación en el Ayuntamiento del expediente de remisión de tal acuerdo inculpatorio a la Fiscalía en agosto: más allá del oficio de envío, no hay ni original de acta de junta de gobierno ni ningún informe. 

Indicios acusatorios
Pero todo presunto delito tiene una motivación, aunque sea presunta. ¿Cuál puede mover una maniobra como la esbozada en la denuncia promovida por el alcalde de Albox contra los que fueron sus estrechos colaboradores antes de que el covid le dejara temporalmente fuera de juego?

El escrito enumera algunas decisiones adoptadas por Campoy y Cano durante la baja de Torrecillas a modo de indicios acusatorios. Por ejemplo, el nombramiento durante la baja de Torrecillas de Eva Cano como nueva interventora del Consorcio de basuras, en sustitución del referido Javier Saura, "con una contraprestación economica mensual importante".  O el hecho de que el marido de Cano, también de la rama jurídica, recibiera como encargos profesionales "los asuntos judiciales más sustanciosos en el aspecto económico del Ayuntamiento de Albox".