El octavo investigado en la presunta trama de fraude electoral ligada al voto por correo en Mojácar, en este caso por “beneficiar”, supuestamente, al PP, es funcionario municipal, además de tener “vinculación al partido”.
Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que su arresto el pasado sábado se debe a la requisitoria que pesaba sobre él y que se activó al ser “identificado” cuando acudió, previa citación, a declarar ante los agentes de la Guardia Civil.
La orden de busca y captura la emitió el Juzgado de lo Penal 1 de Almería en agosto de 2020 a raíz de ser condenado a seis meses de prisión como autor de un delito de receptación, y le fuera denegada la suspensión de la pena ya que, en el momento de esos hechos, contaba con diferentes antecedentes penales por delitos de amenazas, robo con violencia, falsedad en documento público y apropiación indebida.
Fuentes del caso han precisado que la condena que ha llevado a prisión al investigado, que ejercería de sepulturero en el municipio, fue por adquirir un saxofón que había sido robado por terceras personas en un establecimiento hostelero de Mojácar y, posteriormente, hacer entrega por “250 euros” el instrumento musical a su legítima dueña.
Fue uno de los arrestados el que le señaló como “implicado” en la supuesta compra de votos, pero a “beneficio del PP” en declaración que hizo en el juzgado de instrucción, y después de negarse a prestar testimonio ante la Guardia Civil.
El juez ofició entonces a la UCO para que lo citase a declarar como investigado y, una vez compareció, se comprobó que le constaba la requisitoria que le ha llevado a prisión.
Fuentes de la investigación han precisado que el juez mantiene el secreto de actuaciones en la pieza separada que ha incoado a raíz de estas nuevas revelaciones y que la investigación para que se esclarezcan los hechos está aún en marcha y “abierta”.
No obstante, si ha alzado el secreto de sumario de las diligencias abiertas en relación al PSOE por la que están investigadas diez personas, seis de nacionalidad española y tres ciudadanos de Paraguay, Ecuador y Colombia.
De los siete primeros detenidos, seis pasaron a disposición judicial el viernes antes de las elecciones locales y fueron puestos en libertad provisional como investigados después de que se negaran a declarar. El primero de ellos, el exconcejal del ya extinto PA Pedro Montoya declaró el jueves anterior ante el juez y también quedó en libertad provisional. Los tres investigados restantes aún están pendientes de ser citados por el órgano judicial.
Por otra parte, el titular del Juzgado de Vera 4 acordó en días anteriores la retirada de un determinado número de sobres de voto por correo con el fin de que la Policía pudiera llevar a cabo diligencias de investigación dentro de la causa. Los votos sí fueron depositados en las urnas y únicamente fueron recogidos los sobres vacíos.
La actuación se desarrolló durante la jornada electoral cuando la Guardia Civil intervino un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio.
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