Ramón Rueda pide su baja en el PP y presenta su dimisión en Diputación

Ramón Rueda, alcalde de Somontín y diputado provincial, va a pedir esta misma mañana su baja en el Partido Popular de Almería y su dimisión en la Diputación Provincial de Almería: “Acato la sentencia judicial. No quiero perjudicar a mis compañeros, ni al PP, ni a la Institución que fielmente he representado en los últimos cinco años como diputado provincial, primero en la oposición y ahora en el equipo de Gobierno”.

“Quiero que el debate de mis compañeros se centre en solucionar los problemas de la provincia de Almería y no en mis problemas personales. Por ello, voy a presentar mi baja esta misma mañana ante el Partido Popular y mi dimisión en la Diputación Provincial”, ha apostillado.

La decisión más dura
Ramón Rueda ha expresado que hoy toma una de las decisiones más duras de su vida, ya que confía plenamente en su inocencia “y voy a demostrarlo presentando un recurso ante la Audiencia Provincial y llegando hasta el final de este asunto”.

En este sentido, Rueda ha explicado que va a ocupar su tiempo en centrarse en la defensa de su caso para demostrar su inocencia. Por último, ha agradecido el apoyo mostrado por todos sus compañeros ante una sentencia que, a su juicio, considera “desproporcionada” y que va a recurrir. “Doy gracias al presidente del Partido Popular y a todos mis compañeros por los apoyos recibidos en estas últimas horas”.

Ayer se supo que un juez ha condenado a siete años y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público al alcalde de Somontín y diputado provincial, Ramón Rueda (PP), por autorizar el suministro de agua a una vivienda propiedad de su suegro "teniendo conocimiento" de que no contaba con la "preceptiva licencia de obras ni de primera ocupación" y con "desprecio de las normas exigidas por el ordenamiento jurídico".

La sentencia señala que Rueda conocía de "primera mano la falta de licencias de edificación y ocupación" de la construcción en virtud de una denuncia interpuesta por un particular en julio de 2005 pese a lo que, según subraya, "no inició el pertinente expediente de disciplina urbanística, ni de restauración de la legalidad".

Indica el fallo que el regidor también "dejó de cumplir con su obligación de poner los hechos en conocimiento de las autoridades" a efectos de persecución penal "sabiendo" que podían constituir un delito contra la ordenación del territorio", por lo que le condena como autor de delitos de prevaricación y de omisión del deber de perseguir delitos.