Una inmobiliaria enseña su casa antes de ser desahuciada

Isabel López compró una casa en la barriada almeriense de Pescadería hace diez años. Entonces trabajaba de camarera, tenía ingresos regulares y veía accesible pagar los 80.000 euros firmados en su crédito hipotecario, primero con Cajamar y luego con el Banco Santander. Hoy, su historia es muy distinta, es el relato de muchos desempleados de la provincia de Almería, personas devoradas por la crisis que hace tiempo perdieron el trabajo, la nómina y la capacidad de hacer frente a sus deudas.

Isabel y su hijo de 15 años viven la amenaza de desahucio, como más de 1.000 almerienses este año, pero añaden a su drama particular la vergüenza de soportar la visita periódica de un gestor inmobiliario con compradores potenciales. “La primera vez que vino dijo que gestionaba varias viviendas que iban a ser embargadas por los bancos en Pescadería”, señala la propietaria. “Luego ha enviado a varias familias a ver la casa; yo la compré por 80.000 euros y él la está ofreciendo por 20.000 euros”, añade acompañada de su madre y del presidente de la Asociación de Vecinos de Pescadería, Luis Delgado.

Desahucios

Varios testigos consultados por este periódico manifestan contactos con este gestor y la veracidad de la oferta inmobiliaria sobre la propiedad de la calle Cuesta Colomer 14, a pesar de que la vivienda está aún ocupada por la mujer y su hijo y que la situación legal con la entidad bancaria ha cambiado sustancialmente en los últimos días. El caso ha movilizado a la Asociación de Vecinos de Pescadería, con su presidente al frente. Este barrio sufre especialmente la incidencia de la crisis económica y muchas familias han perdido sus casas en los últimos meses a manos de las entidades financieras. De hecho, a pocos minutos de Cuesta Colomer, en la calle Remo, un matrimonio ha protagonizado dos manifestaciones vecinales contra dos órdenes de desahucio (miembros del 15M y de Afectados por la Hipoteca apoyaron al matrimonio y la Junta consiguió un aplazamiento), en suceso sin precedentes en la provincia hasta ahora.

De momento, Isabel López ha sorteado el desalojo gracias a un aplazamiento inesperado. El juzgado fijó el lanzamiento judicial para el 5 de diciembre, es decir, ayer. Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Almería (antiguo Primera Instancia Siete) estimó las alegaciones y decidió suspender la ejecución del desahucio ante la delicada situación de Isabel y su hijo. “Los únicos ingresos que tengo son los 255 euros de la ayuda familiar”, lamenta.

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