El recurso a la Corte Europea será secundado por más británicos

Los pasos de la pareja de jubilados que recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la orden de demolición que recae sobre su vivienda, serán seguidos por otros afectados por la problemática urbanística en su misma situación. Esa es la intención de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora - No (AUAN), cuyo abogado, Gerardo Vázquez, aseguró ayer en la Cadena SER que el objetivo del colectivo es ahora “hacer una reclamación en grupo, porque consideramos que hay muchos afectados”.

Tan sólo en Albox, al menos otras cinco viviendas se encuentran en la misma situación que la de estos jubilados británicos. La licencia municipal con la que cuentan ha sido impugnada por la Junta de Andalucía y ahora deben hacer frente a una petición de demolición. Ante este panorama, la “idea” de la asociación de afectados es la de presentar una demanda conjunta.

Proceso complejo
Los trámites que los servicios jurídicos de AUAN deben emprender para presentarse ante el Tribunal de Estrasburgo no son sencillos y aún requerirán de cierto tiempo hasta llegar al Tribunal Europeo, debido al número de filtros por los que deben pasar previamente. Una vez que la demanda entablada llegue hasta la Corte Europea, el objetivo de los afectados es que se dicten medidas cautelares que paralicen la orden de demolición de la vivienda. En este sentido, existe un  “antecedente” del que habla Gerardo Vázquez. Tras un dictamen de Estrasburgo, el desahucio de una familia en Madrid quedó suspendido tras un acuerdo de urgencia el pasado año.

“Consideramos que el sistema normativo español tiene un fallo básico. No da suficiente importancia al derecho a la propiedad. Por ello los británicos vienen a España, piensan que va a estar protegida -la vivienda- y tienen una serie de problemas graves”, explica el abogado de una de las asociaciones mayoritarias de británicos afectados. La diferencia reside en que España considera la propiedad como un derecho estatutario, no fundamental. Es decir, está limitado “por el bien común”. El problema radica, según el punto de vista de Vázquez, en quién es el encargado de decidir qué es o no el  bien común. “Si es la Administración Pública, está regida por políticos. Es un concepto un tanto indefinido”.

La realidad es que la problemática urbanística en Andalucía es una carga que, desde hace años, pesa sobre las espaldas de alrededor de 300.000 familias y propietarios de construcciones irregulares. El decreto de regularización ha conseguido solventar hasta el momento algunos problemas de parte de estas viviendas, aunque para aquellas familias que residen en casas sobre las que la justicia ya ha dictado una orden de demolición sin recurso posible, Europa se ha convertido en una de sus últimas esperanzas.