Más desahucios que nunca

Continúa la sangría de desahucios en la provincia de Almería. Las cifras anotadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sus informes sobre los efectos de la crisis económica en los juzgados revelan un número récord de lanzamientos ejecutados en la provincia.

Sólo en los nueve primeros meses de 2012 se alcanzaron los 1.250 desalojos, más que en todo el ejercicio 2011 y cuatro veces más que en el inicio de la crisis. Las estadísticas constatan en aumento imparable de los procesos de desahucio en municipios almeriense desde 2007 y la ineficacia de las medidas tomadas, por lo menos, hasta el pasado mes de septiembre.

A la espera del informe final del año 2012, las previsiones apuntan a un ralentización de los desahucios en la provincia de Almería gracias a la puesta en marcha de dos oficinas de asistencia a afectados por la hipoteca. La primera comenzó a andar en julio de la mano del Colegio de Abogados, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial. Dos meses más tarde, la Junta de Andalucía se sumó a la iniciativa con su propia oficina de intermediación.

Futura ley

La negociación de ambos órganos con las entidades financieras, especialmente en el terreno de los alquileres sociales y la dación en pago, debería frenar la tendencia de expulsiones, a pesar de los malos datos de empleo.
Por otra parte, la Junta de Andalucía ha abierto el periodo de propuestas para la futura ley de protección en la contratación hipotecaria. Los ciudadanos podrán ofrecer sus sugerencias a través de la dirección ‘[email protected]’ hasta el próximo 8 de marzo.

Para la configuración de texto se han citado a las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas en Andalucía (FACUA, UCA/UCE y Al-Andalus), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El borrador de la futura ley se estructura en distintos bloques relativos “a la transparencia en la contratación, exigiendo una actuación honesta y profesional de las empresas”, dice la Junta.