Denuncian el impago de nóminas en la residencia de mayores Veraparaíso

Una vez más, los sindicatos, en esta ocasión CCOO, han tenido que recurrir a la denuncia pública ante la situación de una residencia de mayores. En este caso se trata de Veraparíso, una residencia de 90 plazas, 57 de ellas concertadas con la Junta para la atención de mayores dependientes, según los datos facilitados por Salud, y con 40 trabajadores a los que se le debe cuatro nóminas de este año más atrasos de 2011 y 2012.

Según Mercedes Ruiz, responsable de Sanidad Privada y  Sectores Sociosanitarios de CCOO de Almería, “la cantidad de lo que se debe rondará los 9.000 euros, ya que están pendientes las pagas extras de 2011 y 2012 y atrasos por horas extraordinarias de 2010 y 2011”.

Situación insostenible
Ruiz asegura que “los trabajadores no pueden más, están sometidos a una presión tremenda y la situación se ha vuelto ya insostenible”.

Mientras, según CCOO, el gerente de la empresa que gestiona la residencia, Veraparíso S.L., dice que el retraso en el pago de las nóminas de los trabajadores de debe a que la Junta no le paga a tiempo. “El gerente dice que si la Junta paga, él paga”, comenta Mercedes Ruiz.

No obstante, desde la Delegación de Salud y Bienestar Social se asegura que “la situación que vive el centro no es achacable a supuestos impagos de la Junta de Andalucía, que no mantiene ninguna deuda anterior a enero de 2013 con este centro”.

Además, Salud aclara que las empresas que gestionan centros como este, “efectúan sus liquidaciones y remiten sus facturas a mes vencido y la Junta de Andalucía tiene un plazo de 30 días, tras dar la conformidad a esa factura, para realizar el pago”.

Negociaciones
Por ello, desde la Delegación se asegura que “los problemas laborales e impagos denunciados por los trabajadores deben resolverse en el marco de las negociaciones entre la empresa y sus trabajadores”.
Así las cosas, CCOO ha denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo y la Delegación de Salud y Bienestar Social.

Mercedes Ruiz cree que, aunque la responsable de la situación es sin duda la empresa “que debe en total unos 600.000 euros, la Junta tiene paralizado el sistema de dependencia”, como demuestra el hecho de que solo hay ocupadas 45 y “cuando un abuelo se va o fallece, no vuelven a ocupar su plaza”, asegura.