El coste de una plaza en una residencia de ancianos o discapacitados lo asume el residente, que paga el equivalente al 75% de la pensión que recibe; y el resto es sufragado entre Gobierno Central y Junta de Andalucía. La aportación del primero se ha reducido con los recortes, con lo que el gobierno regional ha tenido que incrementar la suya, así que cada vez tarda más días en mandar el dinero a las empresas que gestionan las residencias.
Esta situación está repercutiendo en los trabajadores del sector de la provincia. Juan Vergel, secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Almería, explica que “este mes la Junta está pagando a las residencias pequeñas de la provincia el dinero correspondiente a las plazas ocupadas en el mes de febrero de este año, pero el resto todavía no han recibido el pago de diciembre de 2012 y enero de 2013. Y como las empresas nunca pierden, pues se está produciendo el impago de nóminas a los trabajadores, algunos de los cuales no han recibido las pagas extraordinarias de los años 2011 y 2012 o los salarios de los cuatro primeros meses de este año. Además, hay residencias que han planteado a los empleados una reducción salarial entre el 10 o el 30%, así que en sueldos de apenas 900 euros podría suponer perder entre 90 y 300 euros”.
Los sindicatos alertan de que el Gobierno dejará de pagar a las comunidades su parte en 2014 y que, en consecuencia, la Junta quiere reducir la cantidad que paga por cada plaza e incrementar la ratio de usuarios por trabajador que los atienden. En consecuencia, se podrían perder hasta 300 puestos de trabajo en la provincia y el servicio que reciben los usuarios se vería empeorado.
Las pretensiones de la Junta
La Junta paga a las empresas que gestionan las residencias 50,22 euros por día y plaza, pero CCOO se queja de que quiere reducir un 10% esa cantidad. Además, pretende eliminar el pago de las plazas no ocupadas mientras se le adjudica a un nuevo usuario tras la muerte del anterior. Mientras que al principio de la aplicación de la Ley de Dependencia, el Gobierno central pagaba el 58% del coste de la plaza que no paga el usuario y el 42% restante era sufragado por la Junta; ahora la proporción es del 75% por parte del gobierno regional y el 25% lo paga el Estado.
En Almería hay 48 residencias concertadas por la Junta, en las que hay 2.600 plazas, aunque están ocupadas 2.200; y en las que trabajan 1.500 personas. El usuario paga el equivalente al 75% de la pensión que recibe, pero CCOO se denuncia que el Gobierno central quiere incrementar su aportación hasta el 85%.
Por otra parte, en los centros de día hay 320 trabajadores para 1.400 plazas concertadas. Y la ayuda a domicilio llega a 3.000 usuarios, que son atendidos por 1.200 trabajadores.
Audio : Juan Vergel, secretario general en Almería del Sindicato de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO
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