El dueño del castillo de San Pedro alega contra Junta y Ayuntamiento

La propiedad del castillo ubicado en la Cala San Pedro, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), ha presentado alegaciones contra el decreto por el que el Ayuntamiento ha declarado en ruina el inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y le da 15 días para que acometa medidas cautelares de seguridad que pasan por el vallado del sendero peatonal que lo rodea y acotar la zona de playa que se ubica a sus pies para evitar el "peligro existente de daño a personas".
Así lo ha indicado a Europa Press el titular, Daniel Navarro, quien ha precisado que en las citadas alegaciones, elevadas el viernes, arguyen que el consistorio “no tiene competencia” con respecto a la conservación y mantenimiento del BIC y que, según la Ley de Patrimonio, esta “pertenecen a la Junta andaluza”.

“Ligereza municipal”  Para Navarro, el Ayuntamiento ha actuado con una “ligereza rayana en la temeridad” ya que, según ha remarcado, ha incurrido en "duplicidad" con respecto a las actuaciones que con respecto al castillo mantiene la Junta de Andalucía. "Es plenamente consciente de su existencia", ha criticado. Navarro hace alusión "para desmentirlo" a un escrito remitido al Ayuntamiento en febrero de 2010 en el que se da cuenta del derrumbamiento del Castillo de San Pedro y se trasladan peticiones “de afianzamiento y apuntalamiento”.
En esta línea, ha defendido su postura con respecto a la edificación y ha lamentado que el decreto “se permita descalificar alegremente al propietario”  al afirmar que ha habido un “incumplimiento del deber” de conservación de la edificación" y sostener que la situación de ruina “no ha sido causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de terceros".

Desde 2001  En el citado escrito detalla que desde que en julio de 2001 se denunció a la Junta “el arranque y uso de piedras” del inmueble para diferentes fines, “pasaron seis años” en los que la propiedad era de la Junta y en los que se comunicaron “el derrumbamiento de la torre, la caída de la pared oeste y de partes muy importantes que afectan gravemente al aspecto y la estabilidad estructural del monumento sin que se tomaran medidas mínimas para consolidar el castillo y evitar derrumbamientos”.

Ya estaba en ruinas El actual propietario recuerda en una nota que por sentencia judicial firme se le dio a él la propiedad en 2007 y se "devolvió al propietario un castillo en ruinas, debilitado por todos lados, corriendo un velo de silencio sobre su responsabilidad sobre un castillo que permitieron que se fuera cayendo poco a poco”.
Recuerda, asimismo, Navarro que en 2004 solicitó una licencia al Ayuntamiento de Níjar para obras de afianzamiento que fue denegada “al exigir reiteradamente la Junta para cualquier trabajo la aprobación de un proyecto completo de conservación con un costo estimado de 200.000 euros”. Este escrito viene motivados porque el expediente contra el que se han presentado alegaciones  fue resuelto el pasado día 18 con la declaración de situación legal de ruina y requiere a los dueños del castillo  para que "de inmediato y con urgencia" ejecuten como medida cautelar las obras que, según se cuantifica en un informe emitido por los técnicos municipales, ascienden a un total de 1.383,55 euros.