La LFP ha decidido denunciar por presunto amaño el Espanyol-Osasuna que se jugó el 11 de mayo de 2014 y que terminó con 1-1. Dos indicios le invitan a hacerlo principalmente. Primero, la investigación abierta al club navarro, al que una auditoría ha descubierto 2.416.611 euros sin acreditar. Segundo, un movimiento de apuestas que podría rondar los 250.000 euros y que implicaría presuntamente a jugadores de ambos equipos. La LFP ha considerado que hay indicios suficientes para denunciar el partido y se apoya en la investigación que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto al ex presidente rojillo, Miguel Archanco.
Osasuna reconoció la existencia de una auditoría complementaria que fue solicitada por el CSD el 13 de noviembre, cuando Luis Sabalza no era todavía presidente (entró en el cargo el 10 de diciembre).
Según datos de la auditoría a los que ha tenido acceso AS, Osasuna no tiene acreditados pagos por valor de 2.416.611 euros. Las fugas de dinero están desglosadas de la siguiente manera: 900.000 euros a dos “agentes inmobiliarios” que responden a los nombres de Cristina Valencia y Alberto Nolla, por lo que hay duda sobre el destino final de esos fondos; 1.440.000 euros a la sociedad portuguesa Flefield (imposible de encontrar en una búsqueda de Google) por unos supuestos servicios de scouting y consultoría y 76.611 euros a un representante de jugadores identificado por el apellido López.
La LFP, que ha tenido acceso a esas irregularidades, ha investigado si estas tienen que ver con el presunto amaño del Espanyol-Osasuna y ha decidido denunciar. El organismo, a través de su director de Integridad, Manuel Quintanar, tiene tres vías para tramitar la denuncia: la Fiscalía, como sucedió en el caso del Levante-Zaragoza; el Juzgado de Instrucción de Barcelona, que fue donde se celebró el partido, y la Policía, camino menos utilizado porque los casos suelen acabar archivados. El rastro sobre el que se dirige la investigación es el casi millón y medio de euros pagado a la sociedad Flenfield.
Por el caso Levante-Zaragoza conocemos que el Código Penal recoge el delito de fraude deportivo en el artículo 286 bis y que el castigo al que se exponen los posibles querellados es de penas de cárcel de seis meses a cuatro años e inhabilitaciones de uno a seis años. Y algo más. El Espanyol podría acceder a competición europea esta temporada vía Copa (es semifinalista) o Liga. La UEFA podría inhabilitarlo si el partido es denunciado.
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