El laberinto judicial y político de Paco Góngora

El auto de la titular del juzgado número 2 de El Ejido, imputando a Francisco Góngora la presunta comisión de dos delitos de falsedad documental y uno de fraude contra la Hacienda Pública por su condición de accionista en una sociedad mercantil privada que realizó operaciones de compraventa de terrenos y locales comerciales en las que pudiera haberse incurrido en actuaciones indiciariamente punibles, ha desatado una oleada de críticas y una petición unánime de dimisión por parte de todos los partidos -PSOE, IU, Ciudadanos y UPyD- que componen la oposición municipal.
La jueza, una vez cerrado el periodo de instrucción abierto en 2011, trasladó el pasado día 1 de marzo a las partes personadas en el caso -PAL, ministerio fiscal y Agencia Tributaria- el contenido de la investigación; a partir de la llegada de esa notificación, las partes disponen de diez días para formular escrito de sobreseimiento o acusación, solicitando, si optan por esta segunda opción, la apertura de juicio oral.
Prejuzgar desde el criterio periodístico el contenido y las consecuencias de un procedimiento judicial es una osadía temeraria y una irresponsabilidad profesional en la que, como ha ocurrido en otras causas y con otros afectados, no voy a incurrir. Quien espere encontrar argumentos condenatorios o absolutorios para Góngora en esta carta puede pasar ya página desde este punto y aparte.
Pero si el horizonte judicial por el que habrá de transitar el procedimiento compete a los diferentes agentes implicados en su desarrollo, lo que resulta aconsejable es detenerse en las maniobras de pirotecnia partidista que, situaciones como la que atraviesa el alcalde de El Ejido, generan en la vida política y en la opinión pública.
El descubrimiento constante y abrumador (por la desvergüenza obscena de quienes los protagonizan) de casos de corrupción en los que aparecen presuntamente implicados representantes y gestores políticos está convirtiendo la lucha contra la corrupción en una carrera desenfrenada en la que, más que la búsqueda de la verdad y el pago de las consecuencias penales a que haya lugar, lo que se pretende es la destrucción del adversario político.
Solo así puede entenderse la rapidez con que desenfundan las peticiones de dimisión los responsables políticos cuando el implicado pertenece al partido contrario, y el blindaje a que lo someten si el encausado es de su misma tribu.
Las exigencias justicieras del adversario o las protecciones garantistas del compañero están alcanzando cotas de cinismo tan insoportables que superan los límites de la decencia. Todo es hipocresía.
Porque algunos de los que hoy- y con razón- piden respeto a la presunción de inocencia del alcalde Paco Góngora, son los mismos que hace unos años coreaban las decisiones (injustas, a la vista del archivo total del caso) de la juez Alaya contra el consejero Martín Soler llegando a pedir su ejecución política pública; los mismos que asistieron con complacencia al linchamiento (tan injusto también: ahí está el archivo de la causa) a que se vio sometida Paqui Pérez Laborda, cuando era delegada de Empleo, humillada en una actuación policial que pasará a la historia de la ignominia juridicopolicial.
Pero como esta judicialización de la política es una moneda de dos caras, si el PP no debe olvidar sus excesos justicieros, el PSOE tampoco puede obviar su comportamiento objetivamente improcedente (y también injusto: ahí está el sobreseimiento de la causa) en el caso de La Fabriquilla, en la que estuvo implicado Gabriel Amat y varios de sus concejales, o en la denuncia contra el actual alcalde de Almería (injusta también: la causa fue archivada) por presunto delito electoral.
Paco Góngora, como cualquier otro político de cualquier otro partido, deberá hacer frente en sede judicial a las responsabilidades penales a que haya lugar, si así lo establece una sentencia condenatoria, y en el ayuntamiento de El Ejido si de los hechos juzgados se desprendieran comportamientos incompatibles éticamente con el desempeño de un cargo público. 
Eso es lo razonable. Lo que entorpece la asunción de responsabilidades penales y políticas -porque solo produce ruido- es la utilización partidista y sectaria de los procedimientos judiciales.
Lo dramático es que, quienes así actúan, olvidan que aquellos que ponen el carro delante de los bueyes acaban siempre siendo arrollados por el mismo error que ellos cometieron.