Cualquier español que abra la alacena o la nevera de su casa se encontrará con una abundante muestra de productos que se fabrican en Cataluña. Tienen calidad, solvencia y están introducidos en el mercado. Sin embargo, en el último mes, algunas de estas empresas ha comprobado que la disminución de pedidos alcanza porcentajes superiores a los de otras etapas, porque la fanfarronería secesionista provoca esas reacciones que muchos no aprobamos, pero entendemos, porque a toda acción se corresponde siempre una reacción.
En la industria alimentaria asentada en Cataluña trabajan medio millón de personas aproximadamente. El cambio de domicilio fiscal es simbólico y sólo afecta a que los impuestos de esas empresas, en lugar de abonarse en una autonomía lo harán en otra, pero no afecta los empleados, puesto que ni se trasladan las naves, ni las factorías.
Sin embargo, comienzan a estudiarse los costos de traslados, y las posibilidades de hacerlo con argumentaciones jurídicas, porque según la legislación laboral no se puede trasladar a un trabajador de un lugar a otro de no existir poderosas razones.
Pues bien, en algunos despachos de abogados ya están estudiando el problema después de algunos ejecutivos hayan han dado la voz de alarma, y hayan advertido que no pueden soportar una caída de la demanda tan continuada, por una reacción emocional en el resto de España que es imposible de controlar, debido a la permanente chulería de los delincuentes de la Generalitat.
Siempre se ha dicho que pagan justos por pecadores, pero para rematar el delirio de esta historia sólo falta añadir que, en medio de la gran fuga, Oriol Junqueras ha anunciado ventajas fiscales para las empresas que se instalen en Cataluña. Tardarán un rato, porque parece que las que se marchan son tantas que taponan la entrada.
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