Dejar en paz a los jueces

La polarización política todo lo embarra. La renovación del Consejo General del Poder Judicial está siendo la última trinchera de la guerra interminable entre izquierdas y derechas. El actual sistema de elección del Consejo sigue el mandato constitucional. El Parlamento, poder legislativo, elige a los magistrados que se ocuparán del gobierno de los jueces. El Consejo no dicta sentencias. No es un tribunal. Conviene dejar esto claro, porque por el camino de la politización que etiqueta la disputa se confunde a la opinión pública. El procedimiento de elección tiene partidarios y detractores. Quienes critican el método actual proponen que la designación del Consejo fuera asunto exclusivo de los propios jueces. Sus contrarios aducen que sería tanto como entregarle el Consejo a la derecha dado que el mundo conservador predomina entre las togas. Esa convicción llevó en 1985 a la adopción del procedimiento actual. Pero ha llovido mucho desde entonces. Tanto como para que el mundo de los jueces y fiscales haya ido renovándose a la par que el resto de la sociedad española.

Así las cosas, la incomprensible torpeza atribuida al PSOE al filtrar el nombre de Manuel Marchena, el magistrado que estaría llamado a ocupar la presidencia del CGPJ, antes de conocerse el nombre de la veintena de vocales que forman el Consejo que son quienes deben votar a su presidente, ha venido a sembrar la discordia y la desconfianza respecto del mundo judicial. Y lo ha hecho en el peor momento, cuando aún no se han apagado los ecos del escándalo causado por los vaivenes del Tribunal Supremo en el asunto de las hipotecas y está pendiente el juicio por los hechos del 1 de Octubre del 2107 en Cataluña. PSOE y PP han pactado el nombre de Manuel Marchena, un magistrado conservador, como presidente del Consejo. Era el juez destinado a dirigir el juicio del ‘procés’. Si se confirma el nombramiento, será sustituido por Andrés Martínez Arrieta, un juez tenido por progresista. Ceder con el nombramiento de Marchena podría tener un solo objetivo: conseguir mayoría progresista en el Consejo. Pero vistas las hipotecas del actual Gobierno con los soberanistas, también parece una maniobra encaminada a lanzar un mensaje a sus acreedores políticos catalanes. Mal asunto. Porque lanza sombras injustificadas sobre la imparcialidad de según qué jueces. España mejorará el día en el que los políticos dejen en paz a los jueces y no se mezclen en las cosas de la justicia. Seguramente, un sueño imposible.