La inacción frente a la okupación no es una opción

La Constitución Española establece un marco legal de derechos y obligaciones con los que este país ha crecido en Democracia desde hace más de cuatro décadas. Pero un Estado de Derecho, además, necesita leyes que posibiliten la justicia, la equidad y propicien no solo un marco legal adecuado, sino un desarrollo normativo que proteja y garantice determinados derechos y libertades, y por ende, contemple medidas para disuadir a los que atentan contra ellos.

No es el caso en los supuestos en los que se invade una vivienda deshabitada, en esa circunstancia no se garantiza el derecho de propiedad sobre un inmueble, más bien sucede todo lo contrario, se protege y ampara a quienes han convertido la okupación en un ‘modus vivendi’.

Citar el artículo 47 de nuestra Carta Magna, que consagra un derecho programático, como es el de que todos los españoles tienen el derecho de disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y querer convertirlo en un principio de política social y económica’ que lleve aparejado el derecho a ocupar una vivienda ajena, anulando derechos fundamentales, como son el de la propiedad privada o incluso, en determinados casos el de la inviolabilidad del domicilio, resulta más propio de países donde el estado de derecho brilla por su ausencia, y las carencias democráticas están a la orden del día. Curiosamente los que cacarean esa supuesta carencia democrática son los que siguen permitiendo la okupación de viviendas ajenas.

Como Alcalde, conozco a diario episodios que ningún vecino de bien puede entender. Situaciones indeseables en las que ni tan siquiera hay que ser propietario y ver cómo se te despoja del derecho de posesión de tu vivienda para sufrir de manera insoportable este fenómeno, basta con convertirse en vecino accidental de quienes vienen dedicándose en los últimos años a dar una patada a la puerta y meterse en viviendas ajenas. El que haya tenido esa ‘suerte’ sabe perfectamente que se le acabó la paz.

Situaciones de enganches ilegales en los suministros de energía eléctrica, y el peligro que para toda una vecindad conlleva la manipulación indebida de la red que multiplica el riesgo de incendios; acometidas ilegales en la red de abastecimiento de agua potable (un agua que pagamos todos); falta de ornato y de higiene, insalubridad, inseguridad, inexistencia de la más mínima conciencia de comunidad y de respeto, amenazas, ruidos… en definitiva, entornos que ningún padre querríamos que presenciaran nuestros hijos. Pueden existir algunas excepciones, pero yo no las conozco.

Esta es una intolerable realidad a la que el gobierno de PSOE y Podemos no está queriendo dar solución. Mientras que, escuchando el sentir de la calle, el PP defenderá la próxima semana, en el pleno del Congreso de los Diputados, una Proposición de Ley contra la ‘okupación’, con penas incluso de cárcel, prohibiendo que los ayuntamientos de este país empadronen a aquellos que residan ilegalmente en inmuebles ajenos. 

Es algo que el gobierno municipal que presido ha tenido siempre claro, y en lo que vamos a seguir actuando para salvaguardar los derechos de quienes quieren vivir en armonía, de manera honrada y que exigen de los poderes públicos respuestas. Desde el Ayuntamiento de El Ejido trabajamos, previo informe policial, técnico y jurídico, en un expediente para decretar la inhabitabilidad de esa vivienda, ordenando su desalojo y posterior cumplimiento de la legalidad urbanística, edificatoria y sanitaria por parte de la propiedad.

Es un sistema similar al que llevamos poniendo en marcha desde hace más de nueve años con respecto a los asentamientos chabolistas para su erradicación porque la inacción frente a ambos fenómenos entendemos que no es una opción, lo contrario es perpetuar y aumentar el problema, provocando un ‘efecto llamada’.