Desamparo. Esa es la palabra. Responde a la generalizada sensación entre los miembros de la policía autonómica de Cataluña frente a una Generalitat que no les defiende.
La reciente reunión del conseller de Interior en funciones, Miquel Sémper, con los representantes sindicales de los Mossos no ha cambiado las cosas. Básicamente, porque el conseller se reafirma en un discurso demasiado condescendiente con la ira de los activistas del adoquín, mientras cuestiona la actuación de los antidisturbios en las violentas protestas desencadenadas tras el encarcelamiento de un rapero de Lleida.
En dicha reunión se habló del modelo policial, la proporcionalidad de la respuesta a los activistas y, sobre todo, de la falta de recursos materiales y humanos para evitar el vandalismo. Pero solo hubo prisa para poner en marcha cuanto antes un modelo de “fiscalización y control” de las actuaciones policiales, así como una investigación interna “rápida y transparente” sobre la posible mala práxis de los mossos en el caso de la joven que perdió un ojo durante los disturbios de hace unos días en Barcelona.
Eso es lo que alimenta la sensación de desamparo y el malestar de los mossos, cuyos representantes han declarado sentirse utilizados como moneda de cambio por sus jefes políticos. Lo cual ha vuelto a poner en valor el declarado propósito de Salvador Illa de ofrecerse a los catalanes como alternativa de gobierno en una sesión de investidura. Su posición está muy clara: “Quien no defienda a los Mossos está inhabilitado para gobernar en Cataluña”, ha declarado el candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat.
Da en el clavo el exministro. Y pone en evidencia las contradicciones entre los tres partidos nacionalistas (ERC, Junts y Cup) que aspiran a formar un “govern” después de las elecciones del 14 de marzo. Su desconcierto viene de una constatación: la actuación de los mossos en defensa del orden público y la legalidad es, llegado el caso, exactamente la misma que la de la Policía Nacional.
La diferencia es la teórica motivación política de la algarada. El “proces” para unos, el encarcelamiento de un rapero para otros. Hablamos de derechos: independencia de Cataluña, libertad de expresión, libertad de manifestación.
“Pero se han olvidado de que los mossos también tienen sus derechos”, dice Nacho Alvarez, portavoz sindical de la policía autonómica, que en la reunión del domingo pasado además recordó al conseller Sémper un par de cosas que conviene saber. Una, que los trabajadores del orden público al servicio de la sociedad no son los que atacan sino que son los atacados. Y otra, que es el Parlament el que ha puesto en sus manos las balas foam y la autorización para usarlas.
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