Este lunes, un día clave para nuestra democracia

Un país como el que muchos soñamos no puede permitirse el lujo de no respetar a sus jueces. Ni desdeñar la separación de poderes en favor del duelo a garrotazos entre ellos, como ocurre hoy entre una mayoría de los magistrados y el Ejecutivo. Ni que un ministro, ministra en este caso, diga públicamente que “la oposición al Gobierno son los jueces”. Ni decir, como aquí se dijo hace unas décadas, sin que nadie haya puesto remedio, que “Montesquieu ha muerto”. Ni que el/la fiscal general del Estado sea designado/a por el Gobierno inmediatamente después de haber ocupado el Ministerio de Justicia en ese mismo Gobierno. Ni que el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo haya de pedir a gritos que se cumpla la Constitución y se renueve de una vez ese gobierno de los jueces.

Bien, pues todo esto, y mucho más que no cabe en este comentario, confluye este lunes en el solemne acto, con presencia del Rey, de apertura del Año Judicial. Un acto, en el que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, previsiblemente lanzará sus rayos y truenos -con la sordina que dan la toga, las puñetas y las condecoraciones de rigor- contra el escándalo que supone que, en diciembre, se vayan a cumplir tres años, tres, con el plazo constitucional vencido para la renovación del gobierno de los jueces. Con las asociaciones profesionales, progresistas frente a conservadores, más divididas que nunca, lo mismo entre los fiscales; con el presidente del Gobierno acusando al principal partido de la oposición, el Popular, de tener, nada menos, que “secuestrada la Constitución” por su ‘negativa’ a pactar esta renovación, el marco en el que se celebra la que debería ser la fiesta anual de la independencia judicial no puede ser más desastroso.

Y, por cierto, menos esperanzador. Pablo Casado, el presidente del PP, ya ha dicho que, o el Gobierno accede a propiciar la reforma de la Ley del Poder Judicial que él propugna -que una mayoría los jueces sean elegidos por los jueces, y menos por el Parlamento-, o que dantescamente ‘abandone toda esperanza’ de llegar a un acuerdo. Se me ocurre que, en medio de la política testicular española -’esto se hace por, ejem, narices, porque me sale de*’- ambas partes son culpables del empecinamiento en posiciones encontradas que, me parece, una mayoría de los españoles no acaba de entender.

Puede, sí, que una parte sea más culpable que otra. A Sánchez, en sus últimas entrevistas, ya ni le preguntan si piensa alguna vez recibir en La Moncloa a Pablo Casado, y a este último ya ni se le recuerda cuándo fue la última vez que pidió ver al presidente. Así que poco puede esperarse en el sentido de llegar a un pacto que desbloquee la presidencia del Tribunal Supremo, del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de alguna agencia de control más. Y puede que tengamos que asistir pronto al bochorno de alguna reprimenda europea -tres asociaciones judiciales han pedido ya ver a Didier Reynders, el comisario de Justicia de la UE- ante el increíble espectáculo que supondría llegar al tercer aniversario de un palmario incumplimiento constitucional, contenido en el artículo 122 de nuestra ley fundamental.

En España hay bastantes cosas que prometen mejorar tras un período tan angustioso como el suscitado por una pandemia aún no del todo vencida. Y algunas de estas mejoras son. Cómo no, achacables al Gobierno, por muchos avatares que la coalición haya experimentado en este año y ocho meses de existencia y por mucho que la oposición se empeñe, menudo error, en no reconocer el más mínimo avance.

Pero no hemos progresado, y bien que siento decirlo, en el deseo de profundizar en nuestra democracia: han sido muchos los palos puestos en las ruedas de este avance, en primer lugar por sectores del propio Ejecutivo, pero también de un Legislativo inoperante y de un Judicial parcializado. Gobierno y oposición han renunciado a entenderse en cuestión tan grave como la propia percepción de lo que ha de ser una democracia, que es algo que va mucho más allá, obviamente, del hecho de votar cada cuatro -o menos- años.

Este lunes debería ser el día en el que ambos partidos principales en nuestro sistema político habrían de anunciar el comienzo formal de unas negociaciones para, al menos -al menos-, desbloquear la renovación de los organismos judiciales; sin trucos ni componendas secretas, como ha ocurrido otras veces. Con la normalidad que la Constitución buscaba (y obviamente no encuentra). Pero no sé por qué se me ocurre pensar en el letrero a la puerta del infierno de la Divina Comedia del Dante: ‘lasciate ogni speranza’. ¿Nada que hacer?