Una realidad que Almería no puede continuar tolerando

Los trompetistas del apocalipsis habían anunciado los días previos que en el amanecer del pasado lunes el cielo se derrumbaría sobre las 500 personas que sobrevivían en el desamparo de plásticos y miseria del asentamiento del Walili, en Níjar. Los profesionales de la agitación esperaban con ansiedad torpemente disimulada una explosión de protestas y represión, pero cuando llegaron las máquinas y las fuerzas de seguridad solo la protesta efímera de un incendio provocado rompió la monotonía de una mañana de frío y llovizna. De los 500 habitantes que algunos profetizaban que iban a quedar a la intemperie, apenas 50 se subieron a uno de los dos autobuses que les llevaría al refugio de Los Grillos, donde esperarán de forma provisional (a ver si es verdad y no se eterniza allí su estancia) hasta encontrar una solución habitacional que les acerque de forma definitiva a unas condiciones de vida de las que tan alejados se han sentido hasta ahora. De las 500 personas que, según algunos, vivían en el asentamiento, a los 50 que fueron trasladados a Los Grillos hay una diferencia tan abismal que obliga a pensar en los porqués de cifras tan dispares. La primera conclusión es que allí no había, ni en el momento del desalojo, ni meses antes, medio millar de seres humanos viviendo. El censo realizado por organizaciones oficiales hace semanas no alcanzaba los 300 acogidos. Pero da igual. 

El número de quienes lo padecen aumenta la injusticia del desamparo, pero, aunque sea solo una persona la que lo sufra, la decisión de la alcaldesa de Níjar de acabar con un escenario tan inhumano merece el reconocimiento a que se hace acreedora por su coherencia. Dice el Talmud que quien salva una vida, salva el mundo. El desalojo de El Walili no ha salvado al mundo, ni a la provincia, ni a Níjar, pero sí ha abierto un camino por el que debe transitarse con la celeridad que impone la decencia para acabar con todos los asentamientos que se distribuyen, como sombras en la noche, por los entornos de ese mar de plástico tan brillante, pero en el que todavía se esconden islas a las que la miseria golpea sin remedio. 

La imagen de la agricultura más puntera del mundo no puede permitirse esa geografía de miseria. Pero- y esto es lo más importante- los almerienses no podemos asistir desde la indiferencia a la existencia en condiciones inhumanas de varios miles de inmigrantes que con su trabajo colaboran en la expansión de nuestra industria agroalimentaria. 

El sentimiento ético, la empatía y la decencia obligan a acabar con esos poblados en los que, a la desolación de sobrevivir en unas condiciones infrahumanas, hay que unir la existencia de mafias que les extorsionan y que añaden más dolor al que ya les provoca la lejanía de sus lugares de origen y la inhumanidad de sus lugares de destino. Hay, por tanto, que acabar con esas sombras de inhumanidad que, no solo son la muestra evidente de la injusticia impúdica incompartible con cualquier derecho humano, sino que insulta la inteligencia.  

Las razones éticas por las que hay que acabar con estas situaciones tan insoportables son tan evidentes que no es preciso insistir más en ellas. Salvo que se sea un desalmado- que también los hay- ningún ser humano decente puede asistir impasible al dolor ajeno. 

Pero, a la par que esta razón ética y moral, también existen otra en la que habría que detenerse, aunque solo sea por egoísmo. ¿Se imaginan que hubiese pasado si en algunos de los reiterados incendios sufridos por los habitantes de El Walili la tragedia hubiera superado la espesura ennegrecida del humo provocado por la quema de los plásticos que hacen de paredes entre una chabola y otra? ¿Cuál podría haber sido el balance de una infección generalizada en medio de esa insalubridad más absoluta? ¿Cuál hubiera sido el resultado de una batalla entre las mafias que operan en medio de sus calles de tierra y miedo? Buscar las respuestas da escalofrío; encontrarlas da pánico. Por ética. Y por conveniencia.  

Cada día son más, afortunadamente (sí, afortunadamente), los consumidores europeos que, junto a la calidad de los productos, también exigen que el cultivo de los mismos vaya acompañado por condiciones humanas y laborales dignas para quienes los cultivan, los recolectan, los manipulan o los transportan. No es una moda pasajera, es la decencia que ha venido para quedarse. 

La alcaldesa de Níjar, la judicatura que respaldó el argumento de llevar a cabo el desalojo y las asociaciones y colectivos que, desde la crítica razonada o desde el apoyo matizado, lo han hecho posible han iniciado un camino que, aunque salpicado de contradicciones y construido sobre riesgos, debe continuar recorriéndose con urgencia y sin demagogias. Sabiendo que un problema enquistado durante años no se soluciona con el voluntarismo- bien o mal intencionado, que de todo hay- de los que por la mañana critican la existencia de esos poblados para, por la tarde, oponerse a cualquier decisión que intente acabar con ellos. 

Las trompetas del apocalipsis no sonaron el lunes, pero, que nadie olvide que todavía son miles los inmigrantes que en otros asentamientos escuchan cada día el sonido desolador de las insoportables condiciones en las que sobreviven.