El bipartito PSOE-IU ha decidido, por fin, eliminar algunos michelines de su costosísimo entramado administrativo. Y ha comenzado reordenando el parque móvil de coches oficiales y reduciendo el sueldo a los directivos de las empresas públicas, lo que, según la consejera Aguayo, supondrá un ahorro anual de más de tres millones de euros. No está mal…, sino fuera porque las cuentas públicas andaluzas acumulan una deuda de ¡¡unos 25.000 millones de euros!!.
No se puede contener una hemorragia con tiritas. Lo que necesita Andalucía es cirugía mayor con un verdadero plan de ahorro del gasto corriente que aborde, de verdad, la gravedad de las circunstancias y afronte de cara una reforma real de la administración y del sector público empresarial. Es necesario reducir a la mitad los altos cargos, delegados provinciales, personal directivo y territorial de entes instrumentales y consorcios o personal de confianza; eliminar los coordinadores o directores provinciales; la ayuda al alquiler por vivienda de altos cargos o de las cesantías y la supresión de plus de productividad de altos cargos, directores generales y delegados provinciales, además, por supuesto, de racionalizar y reordenar los entes del sector público empresarial andaluz, en los que la Junta gasta al año más de 3.300 millones de euros.
Estas y otras propuestas, que ahorrarían más de 1.000 millones de euros en gasto corriente, han sido entregadas esta misma semana a Griñán por el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, y el tiempo y la elaboración de los presupuestos autonómicos dirán si el PSOE y sus socios apuestan por el equilibrio presupuestario y la contención del déficit o siguen derrochando con una mano y exprimiendo a los andaluces con la otra, mientras culpan al Gobierno de la Nación de todos los males para tapar sus vergüenzas.
El PSOE e IU, tanto monta monta tanto, están poniendo en grave riesgo la salud, la educación y las políticas sociales si no adoptan las medidas necesarias para adelgazar el monstruo burocrático que tienen a su servicio. En la capital ya estamos padeciendo las consecuencias de ese dispendio, por ejemplo, en el retraso de obras fundamentales como las infraestructuras sanitarias: el hospital materno infantil, que debía haberse inaugurado el año pasado, acumula tres años de retraso y los trabajos van al ralentí; la rehabilitación de la Bola Azul y su reconversión en Centro de Alta Resolución debería haber finalizado en 2011 y no hay fecha para la conclusión de la segunda fase, y de la reforma de las consultas externas de Torrecárdenas, que tenían que estar listas la pasada legislatura, nada se sabe. Ello, sin obviar que con la transformación del antiguo Hospital Provincial en Centro de Alta Resolución se perdieron 120 camas hospitalarias en una provincia que tiene un déficit de 600.
La situación de excepcionalidad económica no admite trampas ni ejercicios de cosmética financiera y demagogia contable y o Griñán y Valderas se lo toman en serio o Andalucía está abocada al despeñadero. Y entonces ya no serán parte del problema, sino el problema mismo.
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