Sindicatos transparentes

L   a Constitución consagra y ampara la existencia de los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales. Dice que estas organizaciones contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, añadiendo que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Nada dice, en cambio, respecto de cuál debería ser su fuente de financiación. 

A mi modo de ver, ahí hay que remontarse para entender parte de lo que ha sucedido en Andalucía con el caso de los ERE y la trama de presunta apropiación de fondos en la que aparecen implicados algunos sindicalistas de la UGT y CC.OO., según el sumario que instruye la juez Mercedes Alaya.  Serán los tribunales quienes sentencien si hubo o no delito por el camino en los trasvases de fondos desde la Junta a los sindicatos por mediar en la negociación de los expedientes de regulación y  si hubo manejo fraudulento en los fondos destinados a los cursos de formación. 

De ajustarse a los hechos, los datos resultan abrumadores. La reacción de los máximos dirigentes sindicales ha sido decepcionante. 

Ni Cándido Méndez ni Fernández Toxo han estado a la altura de la gravedad del asunto. Decir que podrían haberse producido "errores puntuales" (Méndez) o que el modo en que se ha detenido a sindicalistas en Andalucía  "no debería tener cabida en un Estado democrático" (Fernández Toxo), es un intento de desviar la atención del núcleo del problema: el presunto fraude malversador de caudales públicos. 

Es una pena que en un momento en el que los sindicatos y las organizaciones patronales  están siendo escrutados con severidad, no hayan aprovechado para anunciar una investigación interna. Caiga quien caiga. Han perdido la ocasión de anunciar que están dispuestos a ir por delante de la justicia. Sólo veo una salida: transparencia y auditorías externas. No sé si será mucho pedir pero creo que sería una vía para recuperar parte de la credibilidad ahora entredicho.