Privatizar la seguridad

L  Si nadie lo remedia -modificando el alcance de algunos de los artículos de la nueva Ley de Seguridad Privada-, cualquier día, usted lector o quien esto escribe, podemos ser detenidos cerca de un centro comercial o en una zona peatonal, en plena calle, por un vigilante de seguridad privada que, pese a ir uniformado, es un ciudadano que no goza de la condición de agente de policía.   Ni goza de esa condición ni, menos aún, de la preparación y el sentido de la responsabilidad de un agente de la Guardia Civil o de un miembro de la Policía Nacional o de los funcionarios de alguna policía autonómica o municipal. 

Es sabido que amén de la preparación técnica específica para desempeñar su tarea, a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado se les exige el conocimiento de las leyes. De los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Esa preparación, junto a la experiencia, evita abusos en el uso de la fuerza. Casos en los que el ciudadano podría ver conculcados sus derechos porque frente a situaciones   complejas disponer de la fuerza puede conducir a actuaciones arbitrarias.   

Un sindicato policial ya ha denunciado la ley. Ley que, tras pasar por el Senado, volverá al Congreso para su definitiva aprobación. Si se aprueba el proyecto presentado por el Partido Popular y que cuenta con el apoyo de CiU y del PNV, también vamos a ver a vigilantes de empresas privadas de seguridad custodiando el exterior de las cárceles. 

Alrededor de esta última novedad, se abren, lógicamente, otras incógnitas pues el sentido común nos dice que tan delicada tarea quienes siempre la han desempeñado con eficacia y rigor han sido los agentes de la Guardia Civil. Esperemos que no sea el primer paso para una privatización total de la seguridad en nuestro país y no sólo en el ámbito de los centros penitenciarios.   

En España hay en activo más de 80.000 vigilantes de seguridad privada. Según datos del sector, en el pasado ejercicio (2012) las empresas facturan más de 2.300 millones de euros. 

Es un importante negocio. Algunas de estas compañías tienen en sus consejos de administración a ciudadanos muy bien relacionados con la política. 

Seguro que hay vigilantes privados que están debidamente preparados para desempeñar perfectamente  sus funciones, pero las facultades que les otorgará la nueva Ley de Seguridad -comprobaciones de identidad, registros y detenciones- abren un margen a la discrecionalidad que induce a pensar que vamos a tener a no mucho tardar un nutrido capítulo de incidentes y denuncias por extralimitaciones y abusos. 

En resumen: una fuente de conflictos. Y si no, ya lo veremos al tiempo.