Incumplidos,retrasados o investigados

Les invito a un divertido pasatiempo: piensen en algún proyecto de la Junta de Andalucía en Almería que no esté incumplido, retrasado o investigado judicialmente. Traten de encontrar a un empresario que haya cobrado de la Junta de Andalucía en tiempo y forma. Inténtenlo. Y por favor, si obtienen respuestas positivas, coméntenlo con sus familiares y amigos porque de ese modo estarán contribuyendo a evitar la sensación de abatimiento e indignación que supone pensar que después de tres décadas de gobiernos socialistas, Andalucía esté a la cabeza del escalafón español de truhanería, desempleo, fracaso escolar, insuficiencia infraestructural y caos sanitario. Lo de menos (siendo mucho) es que ahora las portadas vengan salpicadas con las cifras y los nombres del último (por más reciente) escándalo relacionado con la Junta de Andalucía y sus cursos de formación. Lo verdaderamente relevante, por desolador, es comprobar que no es posible dudar racionalmente del conocimiento, cuando no colaboración directa, de los responsables políticos de los diferentes gobiernos andaluces en los numerosos casos que bajo diferentes tipificaciones penales estudian ahora los tribunales. Es más: hay numerosos informes que demuestran que los organismos de control interno de la Junta avisaron puntual y lealmente a los responsables políticos (todos del mismo partido que lleva gobernando desde hace treinta años) de la altísima probabilidad de comisión de graves delitos. No les hicieron caso. Bloquearon o amañaron las comisiones parlamentarias de investigación. No permitieron que su bien adiestrada radiotelevisión informase debidamente a de esos asuntos. Se limitaron a asumir públicamente una falsa condición de menguados intelectuales asegurando no tener conocimiento de nada de lo que pasaba en sus propios despachos. Y ya está bien de impostura. Ya está bien de saqueo. Ya está bien de que el principal factor limitante para el crecimiento de Andalucía sea la propia Junta de Andalucía.