Luz verde al Plan de Vivienda que debe traer “casas asequibles” a la capital

Almería tiene ya aprobado, aunque de forma inicial, el nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) que debe servir para trazar la política en esta materia del Ayuntamiento de Almería hasta el año 2030.

El plan, que llega para el Grupo Municipal Socialista “nueve años tarde”, ha recibido el respaldo tanto de Partido Popular como del PSOE y la abstención de Vox y Podemos-IU-Verdes aunque todos los grupos han destacado el certero diagnóstico realizado y las acciones recomendadas para mejorar la situación de la vivienda en el municipio.

El debate plenario ha vuelto a poner sobre la mesa las diferentes visiones que sobre la vivienda tiene cada grupo y servía como reivindicación tanto de Podemos-IU-Verdes como de los socialistas por haber presentado algunas de las propuestas similares a las que se dan en este documento en diferentes mociones que se han debatido y desechado en el pleno. Por su parte, Vox insistió en la necesidad de poner en marcha una oficina contra la ocupación de viviendas que no se recoge en el documento. 

Lo que sí recoge y respaldaron tanto Alejandro Lorenzo, portavoz de Podemos-IU-Verdes, y Raúl Enríquez, concejal socialista que defendió el punto, es que la ciudad necesita más vivienda protegida y más barata: 120.000 euros por 90 metros cuadrados. Para ambos concejales esos datos chocan frontalmente con los precios que presenta la empresa municipal de la vivienda, ‘Almería XXI’, casi 80.000 euros más caros por lo que reclamaron un cambios de las políticas de dicha entidad pública que según Enríquez “no ha solucionado el problema de la vivienda en la ciudad”.

La intervención de la concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera,  más allá de las respuestas y críticas políticas con el Gobierno central de por medio, sirvió para defender el trabajo realizado por ‘Almería XXI’ en estos años que “ha sido la única que ha construido VPO (pública o privada) en la capital”. Sobre el precio solamente dijo que podían sacar “de dónde salen los números” y que a los privados “no les salen los números” para entrar en levantar vivienda protegida. Si piensan bajar los precios, nada se dijo.

Decálogo
Más allá de esto, anunció que tenían un decálogo de actuaciones para poder ejecutar las recomendaciones del plan del que no desgranó ni un detalle durante su intervención plenaria aunque posteriormente, a través de un comunicado de prensa, se explicaron algunas de estas actuaciones. Así existe un compromiso del equipo de Gobierno de construir 450 viviendas protegidas “a precios limitados para demandantes de VPO, siendo al menos 150 de ellas en régimen de alquiler”.  

Aunque no aparece en este comunicado, dentro del documento también se recoge la posibilidad de colaborar con los promotores para fomentar que estas viviendas a precio asequible lleguen también de la mano de la iniciativa privada.

Además, se propone la puesta en marcha de un “programa de intermediación municipal” con el que buscan “gestionar viviendas vacías, cedidas por sus propietarios, priorizando a su acceso a los jóvenes y emprendedores”. A esto se le suma el mantener las ayudas al alquiler e impulsarlas, ya que actualmente se reparten el cien por cien de la cuantía que se solicita” con la idea de seguir insistiendo más en el centro histórico y en los jóvenes.

En el plan de habla también de la rehabilitación de viviendas y barrios al completo, actualmente hay un total de 4.500 viviendas que por su antigüedad cuenta con necesidades graves (urgentes) de rehabilitación, mientras que hay 3.000 inmuebles cuya necesidad urgente llega porque no son accesibles. Ya se trabaja desde las ayudas a la rehabilitación privada de viviendas, en planes en colaboración con el Gobierno y la Junta para reformas como las de El Patio o el barrio de Los Pintores o en El Zapillo. 

Otras medidas
En el documento hay otras propuestas de las que no se ha hablado como la puesta en marcha de un Observatorio de la Vivienda, de la solicitud que hacen desde el Centro Municipal de Acogida de poder contar con viviendas para alojamientos intermedios.

Sobre las viviendas turísticas se pronunciaron tanto Alejandro Lorenzo como el portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas, pidiendo en ambos casos medidas concretas para contener lo que se ha demostrado que es una tendencia en ascenso aunque los datos siguen situando a la ciudad por debajo de las ratios que se consideran problemáticas. Cabe recordar que la medida se realiza teniendo en cuenta el número de viviendas turísticas por cada 100 habitantes; si hay más de 5 se considera en riesgo y con más de 10 se declara como zona saturada. Dos son las zonas que superan esta media: San Miguel de Cabo de Gata en la que hay 6,58 viviendas turísticas por cada 100 habitantes,  y el barrio de El Zapillo donde se localizan un total de 5,87 viviendas turísticas por cada 100 vecinos. Le sigue de cerca el barrio de El Toyo con un 4,42 viviendas por cada 100 habitantes. De momento no se contempla actuación alguna al pensar que no es algo “preocupante”.

Ahora tras la aprobación del plan, el documento pasará por un periodo de 30 días de exposición pública en la que se podrán presentar las alegaciones que se consideren pertinentes y que deberán ser respondidas antes de que se apruebe de forma definitiva.