El Defensor del Pueblo pide a la Junta medidas para rehabilitar San Pedro

El Defensor del Pueblo Andaluz ha instado a la Junta de Andalucía a dar “continuidad” a las medidas que ha impulsado para obligar a los propietarios del Castillo de San Pedro, en la cala del mismo nombre en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, a que ejecuten obras de rehabilitación y de conversación en el inmueble si bien ha remarcado que el Gobierno andaluz “está interviniendo”.

Así concluye la queja de oficio, la segunda, incoada con el objetivo de conocer el estado de conservación del inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC), la relación de intervenciones decretadas y de proyectos ejecutados, así como sus calendarios previstos, y las medidas adoptadas para la ejecución y el cumplimiento de las intervenciones establecidas por esa Delegación ante el titular del castillo.

“Intención” de la Junta

La resolución apunta, tras analizar la información aportada por la Delegación Territorial de Cultura, que es “intención” del Gobierno andaluz “proseguir” con las “actuaciones necesarias” de todas las instancias competentes para “salvaguardar la integridad de dicho monumento declarado BIC” y merecedor “de la protección y tutela” que la normativa establece para los inmuebles inscritos en el Patrimonio Histórico de Andalucía.

No obstante, y considerando que el “asunto se encuentra en vías de solución”, le reitera a la Junta de Andalucía  “la importancia de imprimir continuidad” a las medidas dirigidas al cumplimiento de las obligaciones establecidas a los titulares del inmueble en cumplimiento de la normativa patrimonial y artística. El Defensor del Pueblo andaluz se refiere en concreto al procedimiento administrativo sancionador incoado contra los propietarios del Castillo de San Pedro ya que no han acometido las obras de conservación del inmueble y en un estado de deterioro evidente con “riesgo de derrumbe”.

Ultimátum en enero

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte dio en enero de 2018 un ultimátum a los dueños del BIC y les concedió un plazo de cinco meses para ejecutar la actuación de acuerdo a la resolución del 3 de abril de 2014 que fijaba cuáles era las intervenciones prioritarias, “centradas en la adopción de medidas de seguridad y en la consolidación de la estructura de la fortaleza”. 

Ante el “incumplimiento” de los propietarios, inició un procedimiento administrativo con la imposición de multas coercitivas hasta sumar  un total de 95.980 euros, lo que equivale “a la valoración económica de las obras de conservación motivo de la orden de ejecución incumplida”. El ultimátum se dio tras el levantamiento de la suspensión cautelar que afectaba a la orden de ejecución dentro del recurso contencioso administrativo interpuesto por uno de los dueños contra las iniciativas de la Junta para hacer cumplir la Ley de Patrimonio de Andalucía respecto a los Bienes de Interés Cultural.

Trabajos de emergencia 

En la información remitida a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, la Junta de Andalucía señala que realizó una visita de inspección el 1 de agosto de 2018, en la que constató que el estado de conservación del inmueble “es similar al que refleja el informe de 26 de abril de 2013” y remarca que ha actuado “siempre” dentro del marco de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, que, en su articulo 15 establece.

Los trabajos de emergencia a ejecutar deben comenzar, en primer lugar según se señala, con el vallado perimetral del inmueble para garantizar la seguridad ante los desprendimientos al que seguirá la retirada de elementos añadidos a los muros y cubiertas del castillo y en su interior, como placas fotovoltaicas, pérgolas de madera o estructuras metálicas.