Un informe de Galasa considera “imposible la viabilidad” de la empresa pública

Justo cuando se cumplen tres años del acuerdo in extremis entre PP y PSOE que permitió salvar a Galasa y evitar en el último momento su cierre y liquidación, las malas noticias vuelven a amenazar el futuro de la empresa pública.

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha dado a conocer este miércoles el contenido del informe sobre la situación de la empresa de Gestión de Aguas del Levante Almeriense (Galasa), encargado por el equipo de Gobierno del PP y al que ha tenido acceso el PSOE “tras solicitarlo en reiteradas ocasiones”. Según Lorenzo, en este documento destaca, como conclusión más grave, que los técnicos consideran “imposible la viabilidad de la empresa” a tenor de la “deuda acumulada por la misma y por el pago del suministro anual de compra de agua” a Acuamed.

El portavoz socialista ha explicado que, para paliar esta deuda, el informe, que conoce el PP desde septiembre de 2018, propone opciones tales como una subida tarifaria en los pueblos del Levante de un 21%, así como la dación en pago a Acuamed de la propia Galasa y “supedita la supervivencia de la empresa pública de gestión de aguas al contencioso administrativo que ésta interpuso a la Junta de Andalucía en relación a la financiación de las infraestructuras por las que se le debe dinero a Acuamed”, empresa a la que se le adeuda, también, por los impagos de consumo, ha añadido Juan Antonio Lorenzo.

Durante la rueda de prensa, el diputado ha insistido en que “el rendimiento de la red de Galasa está por debajo del 50%; es decir, está perdiendo 8 hectómetros cúbicos de agua cada año, lo que traducido a euros supone que pierde 3 millones al año”.

Aunque no hay una cifra oficial sobre la deuda que tiene actualmente la empresa, a finales de 2016, esta se cifraba en unos 40 millones de euros. Esto sin contar los en torno a 60 millones que reclama Acuamed por las conducciones desde la desaladora de Carboneras a Cuevas del Almanzora y que Galasa reclama a la Junta. En caso de que los tribunales den la razón a la administración andaluza, ese dinero tendría que ser pagado por todos los accionistas de la empresa pública; es decir, la Diputación (con un 53% de participación) y una veintena de municipios del Levante y el Almanzora.

Para el grupo socialista en la Diputación también es muy preocupante que “estas graves conclusiones no han sido trasladadas por parte del equipo de Gobierno que dirige Javier Aureliano García a la Asamblea de Galasa”, ha reprochado Lorenzo . Además, ha recordado que “después de seis meses de corporación no se ha constituido el nuevo Consejo de Administración de Galasa en el que deben estar representados todos los grupos políticos que constituyen el pleno provincial, ni tampoco se conoce si los estatutos están en vigor y si se están aplicando”.

En concreto, el PSOE recuerda que tras la última modificación de los estatutos,  en estos se preveía la incorporación al Consejo de Administración de Galasa de miembros del plenario de la Diputación de todos los partidos con representación en él y no sólo los del equipo de Gobierno.

“Es urgente que se convoque y que se constituya el nuevo Consejo de Dirección de Galasa y que se dé cuenta a los accionistas del estado real de la empresa, además de tomar las medidas oportunas para no dañar más los intereses económicos de los accionistas de Galasa cuyo único objetivo es que sus pueblos tengan agua”, ha exigido al PP el portavoz socialista.

La Diputación ha declinado pronunciarse y ha sido imposible localizar a algún responsable de Galasa .