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Justo diez años después de estallar el caso Poniente, los 50 acusados de haber creado y/o haberse lucrado de una trama de corrupción institucionalizada que durante más de una década esquilmó las arcas del Ayuntamiento de El Ejido se sentarán en el banquillo. Lo harán a partir del próximo 4 de noviembre, según ha dispuesto la sección tercera de la Audiencia Provincial de Almería, y tendrán que responder de su presunta participación en hasta ocho delitos (malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación, societario, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas) y de unas peticiones de pena que suman, entre todos, 1.554 años de cárcel y unas indemnizaciones por más de cien millones de euros.
En la nómina de acusados figuran el que fuera alcalde de El Ejido durante quince años, Juan Enciso, junto a quien fue su interventor municipal, José Antonio Alemán, familiares de ambos, varios empresarios de su círculo más cercanos, como Juan Antonio Galán, Jesús Aragón o los hermanos Lirola, una docena de exdirectivos de Abengoa como José Amate o la propia Abengoa, multinacional que era la principal accionista de Elsur, la empresa mixta municipal a la que el fiscal señala como el origen de toda la trama para detraer fondos del Ayuntamiento de El Ejido.
En un auto firmado este jueves, el tribunal, presidido por la magistrada Társila Martínez y compuesto por los también magistrados Jesús Martínez e Ignacio Angulo, establece como periodo para el desarrollo del que está considerado como el mayor macrojuicio celebrado en Almería hasta el 16 de julio de 2020. Es decir, nueve meses de plazo para celebrar todas las sesiones, cuyo calendario se especificará -indica el tribunal- en una resolución aparte. Y es que la complejidad de la causa, unida al elevado número de acusados, de abogados, de testigos (más de medio centenar, entre ellos nueve que tienen la consideración de testigos protegidos), de peritos y de práctica de pruebas que han solicitado las partes, incluyendo interrogatorios de acusados y testificales, harán de este juicio el más largo y complicado que se recuerda en los tribunales de Almería. De hecho, en el edificio de la Audiencia Provincial, donde finalmente se celebrarán las sesiones, se van a hacer reformas para poder acoger a todas las personas que participarán en ellas, entre profesionales y acusados.
El auto de 43 páginas dictado por la sección tercera de la Audiencia no solo fija la fecha de inicio del macrojuicio sino también las pruebas admitidas a todas las partes, acusaciones y defensas, durante las sesiones. En esta fase se han ido los últimos meses de tramitación judicial de la causa. La sala ha admitido buena parte de las peticiones solicitadas -muchas de ellas coincidentes, como el interrogatorio de todos los acusados y de varios peritos- y ha rechazado algunas por no pertinentes. En el caso, por ejemplo, del alcalde de El Ejido, cuya defensa plantea posibles vulneraciones de derechos fundamentales o prescripción de delitos, el tribunal le emplaza a plantearlas en la sesión de cuestiones previas que da inicio formalmente al juicio.
En el caso Poniente actúan como acusaciones además del Ministerio Fiscal (Fiscalía Anticorrupción) y la Abogacía del Estado, a título de acusaciones particulares la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de El Ejido, Izquierda Unida y el Partido Popular. En las defensas actúan hasta 27 abogados.
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