La Fiscalía solicita 3 años de cárcel para el alcalde por presunta prevaricación

La Fiscalía solicitará previsiblemente tres años de cárcel, multa e inhabilitación para el actual alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística.

En concreto, según fuentes judiciales el Ministerio Fiscal pedirá en la próximo juicio que se celebrará este 8 de marzo tres años de prisión “con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena” además de una multa “de 20 meses a razón de 20 euros por día” e “inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años”. La misma pena solicita para el exconcejal de Urbanismo y que ostentaba dicho cargo en 2014.

El proceso se enmarca en la presunta ilegalidad de varias obras que tuvieron lugar en este municipio del Valle del Almanzora a mediados de la pasada década. Según consta en el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, los trabajos en dos viviendas no se correspondían presuntamente con aquellos por los que habían solicitado la licencia, aunque siguieron adelante pese a que según la Fiscalía tanto el alcalde de Fines como el concejal de Urbanismo de entonces “tenían pleno conocimiento de la ilegalidad de las obras” que se estaban realizando y asegura que incluso las autorizaron “verbalmente”.

Los trabajos planteaban cuestiones como reparaciones en un antiguo inmueble "en estado de evidente deterioro cuya estructura y cimientos se iban a respetar" pero en el que finalmente el Seprona comprobó cómo se realizó una "demolición" seguida de una "obra completamente nueva y levantada junto a la que se pretendía rehabilitar y sin ningún parecido con la original".

En otro caso, el promotor también acusado realizó cambios en el tejado o renovación del interior del inmueble pese a que se encontraba en suelo de especial protección. El Ministerio Fiscal entiende que "los acusados llevaron a cabo las obras a sabiendas de que se asentaban sobre suelo no urbanizable de carácter natural o rural, de que se estaba burlando el contenido de la licencia y de que no eran autorizables las mismas", dice el fiscal.

El Ministerio Fiscal defiende que incluso una vez conocido que las obras no se ajustaban a las licencias solicitadas, los responsables públicos acusados omitieron presuntamente “toda inspección a sabiendas de que se estaba construyendo fuera de licencia”.

Por estos hechos, el Fiscal interesó ya en 2021 la apertura de un juicio oral, que finalmente tendrá lugar este 8 de marzo de 2023 en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Almería. En la vista oral está previsto que testifiquen tres agentes de la Guardia Civil, entre los que se encuentran aquellos que comunicaron directamente al Ayuntamiento y al alcalde que se estaban realizando estas obras, tal y como muestran las conversaciones grabadas entre el regidor y los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Del mismo modo, también se solicitó la citación de una inspectora provincial y jefa de área de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio de la Junta de Andalucía, así como las numerosas pruebas documentales recopiladas.

Cabe recordar que Sánchez también se encuentra bajo investigación por el 'Caso Mascarillas', en el que fue detenido tanto un hijo su suyo como su sobrino, el exdiputado Óscar Liria, por quedarse presuntamente con comisiones ilegales por medio de la compra de mascarillas y que podría haber sido de una cantidad cercana al millón de euros.